La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de investigar las alegaciones de irregularidades que estaban ocurriendo en la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) pero ninguna de las dos resoluciones presentadas a esos efectos prosperaron.

De acuerdo a los relatos confidenciales ofrecidos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el nepotismo y las rencillas entre los dos bandos del Partido Nuevo Progresista (PNP), además de los intereses propios de quienes se beneficiaban de las cuestionadas gestiones de la CCPR, se activaron para detener las investigaciones.

Una de las veces que se pudo haber investigado a la Corporación de Cine, la resolución fue a parar a una comisión que presidía la ex representante Iris Myriam Ruiz cuyo hijo, Luis Ruiz Ruiz, de la compañía productora Pimienta Films, es uno de los productores locales que más se ha beneficiado de fondos públicos para sus proyectos. Mientras Ruiz Ruiz recibe millones otros proyectos reciben poco o nada. Ruiz Ruiz ha negado favoritismo y achacó esta situación a que trabaja de forma profesional.

Un allegado de la oficina de la entonces senadora Norma Burgos aseguró al CPI que en 2006, estando el PNP en mayoría en la Legislatura, trabajó la Resolución del Senado 2400 que solicitaba una abarcadora investigación sobre los gastos de representación incurridos por la dirección de la CCPR, las exenciones contributivas otorgadas por la Corporación bajo la ley para el desarrollo de la industria fílmica (Ley 362 de 1999), para determinar los beneficios obtenidos en la industria cinematográfica local y además conocer el resultado de la utilización del Fondo para el Financiamiento de Producciones Cinematográficas (Ley 121 de 2001). Luis Riefkohl, quien ha negado cualquier vinculación con irregularidades, era el director ejecutivo de la CCPR para esa fecha.

La resolución en cuestión se refirió a la Comisión de Reglas y Calendarios, que presidía el hoy convicto senador penepé, Jorge de Castro Font. Según supo el CPI, la lucha interna entre los ‘rossellistas’ y los ‘auténticos’ del PNP, evitó que la resolución fuera puesta en calendario toda vez que era de la autoría de Burgos, quien pertenecía al bando contrario de De Castro Font.

Tras malograrse el asunto en el Senado, el funcionario de la oficina de Burgos le solicitó a un colega que trabajaba para la representante Jennifer González, que presentara una resolución similar en la Cámara. La resolución fue presentada por la propia González y fue referida a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, que presidía José Chico.

La Resolución de la Cámara 5650 fue luego referida a la Comisión para el Fomento de las Artes y la Cultura, que para entonces presidía la actual Ombusdman o Procuradora del Ciudadano, Iris Myriam Ruiz. La investigación nunca se hizo.

Mientras esto ocurría en el Capitolio, Riefkhol pregonaba tranquilo que era intocable. Según una fuente vinculada al mundo de los productores de cine del País, se escuchó a Riefkohl decir en varias actividades sociales que los señalamientos hechos en su contra o sobre las operaciones de la CCPR, que dirigió de marzo de 2005 a febrero de 2009, a él no le preocupaban ‘porque él iba a enviar a Hiram Vázquez Botet, (conocido como el ‘contable de los cineastas’) para que hablara con la senadora Norma Burgos y detuvieran la investigación en su contra’.

Tercero de una serie. Para el resto de la historia, vea el Centro de Periodismo Investigativo.