El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) anunció su respaldo a la elección de Carmen Yulín Cruz, candidata a la alcaldía de la capital por el Partido Popular Democrático (PPD) y de Jose ‘Tato’ Rivera Santana, del Movimiento Unión Soberanista (MUS) como representante por acumulación, en las elecciones generales del próximo 6 de noviembre.

Roberto Pagán, presidente del SPT aseguró que el apoyo a estos candidatos es producto de una consulta a la matrícula de la organización y responde al amplio reconocimiento que ambos se han ganado, pues han estado, en las buenas y en las malas, con los trabajadores y sus luchas.

Pagán también destacó el compromiso contraído por ambos aspirantes con las ‘Propuestas para un mejor país‘, un programa de reivindicaciones socioeconómicas aprobado por la unión.

‘Podemos hacer público este respaldo ahora que el gobierno y la Corte Federal han reconocido que las restricciones y multas que nos imponía la Ley 45 –de sindicación de empleados públicos— fueron suprimidas con la aprobación de la Ley 222 de financiamiento de campañas políticas’, anunció Pagán.

Según el líder sindical, la representación legal del gobernador Luis Fortuño, en la demanda que presentó la unión en su contra ante la Corte Federal de Distrito, aseguró que la sección sobre campañas políticas contenida en la Ley 45 quedó suprimida por la Ley 222 de noviembre de 2011, de manera que ya está permitido que los sindicatos puedan hacer expresiones a favor o en contra de candidatos, partidos políticos e ideologías.

‘De esta manera, se eliminó un aspecto peligroso y antidemocrático de la Ley 45, que a todas luces era inconstitucional y que forma parte de nuestro reclamo de protección al Tribunal’, indicó el líder del SPT, que representa a sobre 12 mil empleados públicos y privados.

‘Todavía está por resolverse nuestro planteamiento de que la nueva Ley de Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222), imposibilita a los sindicatos y a otras organizaciones de la sociedad civil hacer uso de recursos económicos para difundir sus posiciones ante eventos electorales, al imponerles unas condiciones imposibles de cumplir que, por otro lado, no le son requeridas a las corporaciones y grandes empresas’, agregó Pagán.

En ese sentido, mañana jueves se verá en la Corte del Circuito de Apelaciones Federal en Boston una vista para revisar la decisión del juez federal Juan Pérez Giménez, que negó un recurso de interdicto solicitado por el SPT para que se declaren inconstitucionales las secciones de la Ley 222 que en la práctica impiden la participación plena de los sindicatos en la política electoral.