El representante PPD Charlie Hernández denunció otro conflicto de intereses en el proceso de privatización del Aeropuerto Muñoz Marín, impulsado por la administración Fortuño.

El banco internacional Credit Suisse Securities fue contratado por el gobierno de Puerto Rico para asesorarlo sobre el proceso de privatización del aeropuerto. Como resultado, cuando el gobierno invitó a corporaciones interesadas en esa transacción, expresamente prohibió a Credit Suisse el participar para llevarse el contrato.

Sin embargo, esa compañía, escondiéndose a través de una subsidiaria (Aberdeen Asset Management) y con la anuencia del gobierno, integran el grupo ASUR como uno de los dos finalistas anunciados recientemente para ese contrato de privatización.

‘La participación de Credit Suisse y su subsidiaria está expresamente prohibida en la sección 1.8 del documento preparado por el gobierno de Fortuño titulado ‘Request for Qualifications’ para evitar conflictos de intereses con empresas que hayan asesorado al gobierno en este asunto. Sin embargo, el mismo gobierno posteriormente ignora el obvio conflicto ético y luego los certifica como finalista de un contrato de privatización de cerca de mil millones por 40 años. Ante este descarado conflicto consentido por el gobierno, esa empresa representa simultáneamente el interés público y su interés privado’ indicó Hernández.

Este anuncio representa el tercer escándalo que Hernández denuncia sobre la privatización del Aeropuerto Muñoz Marín.

‘Primero revelamos que el banco internacional MacQuarie Capital también era asesor del gobierno sobre la APP del aeropuerto mientras su subsidiaria (MacQuarie Infrastructurre and Real Assets) solicitaba llevarse el contrato de privatización. Luego denunciamos que los asesores legales del gobierno de Fortuño en esa transacción simultáneamente eran asesores de una de las partes que querían el contrato (MacQuarie). En ambas ocasiones, el gobierno ha rehusado brindar explicaciones claras sobre el asunto’ señaló Hernández.

‘El proceso de privatización del Aeropuerto ha estado plagado de irregularidades desde el principio. Las empresas que el gobierno de Fortuño ha traído para que lo asesore sobre esta transacción, han terminado utilizando información confidencial del negocio para presentar sus propuestas y llevarse el contrato sobre el que están asesorando. Un gobierno limpio y transparente debería investigar eso en lugar de ocultarlo o justificarlo’.