El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Luis Rivera Marín, alegó que la querella que había sido retirada en contra de los candidatos electos para representar a los ciudadanos en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Rosario y al profesor Agustín Irizarry, no se había visto en su méritos, y es por ello que por ?motu proprio? y a solicitud de los propios candidatos, ha destinado a un comité a que la investigue.

‘El día 5 de mayo los propios candidatos (Irizarry y Rosario) hacen una queja formal a este servidor, y solicitan que investiguemos la adjudicación de unos votos, así como hacen el relato que tiene que ver con esta impugnación (la querella). En el proceso, nosotros solicitamos investigar ese expediente y cuando vimos el expediente, había alegaciones de que los candidatos no cumplían con los requisitos de desvinculación de la unión y al ver ese expediente, emitimos una orden la semana pasada para que haya un comité que investigue las alegaciones. Si ese comité en unos días nos dice que no encontraron motivo, procederemos a certifiar a los candidatos’, dijo Rivera Marín.

El Secretario explicó que no se hará una nueva votación, ni se verificará la idoneidad de los demás aspirantes. Para determinar idoneidad, los candidatos no pueden tener vínculos con el gobierno o las uniones de la AEE.

Sobre investigar una querella que ya no existe, el funcionario hizo referencia a la elección, certificación y juramentación de un miembro de la Junta que en el 2005, fue destituido porque se descubrió que tenía consorcios con alcaldes en algunos municipios.

‘No voy a pasar juicio sobre cuán válidas o no sean las alegaciones, para eso designé un comité’, comentó el Secretario.

Rivera Marín señaló que sólo los representantes de los ciudadanos son certificados por el DACO, la agencia no investiga a los demás miembros de la Junta de Gobierno de la AEE.

Por su parte el licenciado William Ramírez, Director Ejecutivo de laUnión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, tildó de caprichosa la acción de investigar nuevamente la querella.

‘Sencillamente, mediante esta orden se implementa una decisión dirigida a acallar y entorpecer la disidencia y la participación de la ciudadanía en asuntos de gobierno, lo que desde su comienzo ha caracterizado a esta administración de gobierno’,añadió Ramírez.