El discrimen por motivaciones político partidista en el Departamento de Corrección y Rehabilitación llegó al Tribunal Federal con una demanda por violaciones de derechos constitucionales y civiles de una empleada que reclama una indemnización por daños y perjuicios ascendente a $5 millones.

Vilmarie Caraballo Caraballo demandó a la agencia y a varios de sus supervisores, incluyendo al secretario Jesús González por el hostigamiento laboral en su contra por no ser afiliada del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP).

Uno de los representantes legales de la demandante, Eduardo Vera, explicó que a su clienta ‘le hicieron la vida de cuadritos’ cuando advino al poder la presente administración de Luis Fortuño.

‘La movieron de un lado para otro y hubo la oportunidad de abrir el puesto en el que ella había estado laborando y le pidieron que mostrara categóricamente que pertenecía al PNP, lo que ella no pudo probar’, dijo el letrado en entrevista telefónica con NotiCel.

Caraballo Caraballo había estado ocupando un puesto en la oficina de radiocomunicaciones de la agencia, pero por no ser del PNP, cuando se abrió oficialmente su plaza nombraron a otra persona.

‘Ella va a quejarse y a preguntar por qué están trayendo una persona de afuera cuando ella llevaba tiempo haciendo ese trabajo y lo estaba haciendo bien y la cambiaron de puesto. No le dan la plaza porque no es PNP y la mandan a hacer turnos rotativos de oficial de custodia’, indicó Vera.

La demanda por discrimen político se presentó hace tres días y en ella se solicita un juicio por jurado en el foro federal.

‘Si no hubiera política de por medio lo que debió ocurrir es que cuando abrieron la plaza se la dieran a ella. Después de la transferencia de puesto, la han seguido fastidiando con turnos peores y le han puesto el mote de non grata y la han fastidiado toda’, indicó el abogado.

En la demanda, se establece que en marzo de 2009, le notificaron verbalmente que ya no trabajaría en el área de radiocomunicaciones a nivel central y fue trasladada como oficial de custodia a la institución 705 del complejo correccional de Bayamón.

En dos fechas posteriores, mayo y junio de 2009, la demandante solicitó sin éxito que se le devolviera a su puesto de trabajo en el área de radiocomunicaciones.

‘Desde el 13 de mayo de 2009 hasta enero de 2011, la demandante ha sido asignada a tres turnos diferentes dependiendo de donde la quiera poner su supervisor. Los turnos son desde las 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, desde las 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche y desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana’, indica la demanda.

Sus supervisores obligaron a la demandante a trabajar turnos de 16 horas y hasta a sustituir a otros guardias correccionales que se ausentaban y le han asignado tareas que no pudo completar debido al cansancio por las largas jornadas de trabajo.

Luego en mayo de 2011, Caraballo Caraballo fue trasladada de Bayamón a Ponce sin ser debidamente informada por sus supervisores, se alega en la demanda.

Y, en agosto de ese mismo año, dos codemandados, Eligio Villegas y Félix Álvarez, impidieron que los esfuerzos y la recomendación del teniente Juan Rosario para que la demandante fuera trasladada nuevamente a Bayamón en un puesto en el área de recepción.

En agosto de 2011, fue trasladada la comisaría de la institución 704 de Ponce y durante ese mes una de sus supervisoras, Wanda De Jesús, se le acercó y le dijo en forma amenazante y hostil ‘no entres en conflicto conmigo’.

Incidentes como ese se repitieron con otros codemandados, según señala el documento.

En febrero de 2012, fue sacada de la comisaría y devuelta a los turnos rotativos de oficial de custodia.

‘Como resultado de la conducta ilegal e inconstitucional de los demandados, incluyendo la conspiración para impedirle crecer profesionalmente, la demandante fue discriminada por su afiliación al Partido Popular Democrático desde el inicio del cambio de administración hasta el presente’, puntualiza la demanda.

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