El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty, se mostró parco al ser abordado sobre cuál era su postura tras la determinación del Tribunal Apelativo que ordena el que se le de acceso al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), al listado de candidatos que no radicaron sus informes de ingresos y gastos durante las pasadas elecciones del 2008.

Al ser cuestionado por NotiCel, Conty manifestó que ‘eso es un asunto que ahora compete desde el 18 de noviembre de 2011, al Contralor Electoral, porque la Ley 222 (del 2011) que crea la Oficina del Contralor Electoral le privó de jurisdicción al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sobre ese asunto’.

Asimismo, expuso que ‘en el día de hoy me comuniqué con el Contralor Electoral (Manuel Torres) y se le está refiriendo la sentencia y el expediente a través de nuestro abogado para que tome la determinación que corresponda’.

Al insistírsele si su postura es que al CPI se le de acceso a dicho listado, Conty reiteró que ‘esa es una determinación que quién tiene la jurisdicción, es decir la autoridad para actuar sobre esa petición ahora o esa decisión, es al Contralor Electoral, el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ya no tiene injerencia ni autoridad para actuar en ese asunto’. Al tiempo que no pudo precisar cuál es la posición del Contralor Electoral.

Por su parte, el licenciado Osvaldo Burgos, abogado del CPI, señaló que no le extraña la postura de Conty, pues apuntó que desde un inicio la CEE ha mostrado una actitud ‘altamente temeraria, en oposición a brindar la información’.

En esa línea Burgos recordó que la sentencia del Tribunal de Apelaciones es hacía la entidad de la CEE, independientemente quién tenga ante su consideración la determinación.

Si en 60 días la CEE no brinda acceso al CPI a dicho listado, Burgos presentará una moción de desacato en el Tribunal de Primera Instancia. Por lo pronto, manifestó que espera que la CEE no recurra al Tribunal Supremo en aras de buscar evadir la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Hasta el momento ni el licenciado Ramón Walker Merino, abogado de la CEE; ni Torres, Contralor Electoral se han comunicado con Burgos con relación a la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

De otro lado, Burgos planteó que la decisión del Tribunal de Apelaciones surge en momentos donde los ciudadanos han perdido la confianza hacía varias instituciones, incluyendo a la CEE. A su entender, dicha determinación demuestra como con perseverancia para exigir sus derechos al acceso de la información los ciudadanos pueden tener frutos.

El Tribunal de Apelaciones falló a favor del CPI y revocó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que afirmaba que dicho documento era ‘confidencial’ como alegaba la CEE.