La Fiscalía Federal solicitó ayer al juez Francisco Besosa que imponga una sentencia de entre 15 y hasta 19 años para el convicto exsenador Héctor Martínez, cuya defensa, por su parte, pidió que la sentencia no incluya cárcel considerando que, para un funcionario público, quedarse sin su cargo es castigo suficiente y porque tiene la estima del Presidente del Senado.

La sentencia de Martínez y el fundador de Ranger American, Juan Bravo, está pautada para el 29 de febrero y ambos enfrentan un máximo estatutario de 10 años de cárcel, pero la fiscalía está solicitando al juez que tome en cuenta circunstancias agravantes que llevarían a Martínez a al menos 15 años de cárcel, y a Bravo a al menos 12 años de cárcel.

Además, están pidiendo que ambos sean ingresados al tribunal el mismo día que se les dicte sentencia; que a Martínez se le multe en al menos $20,000, y a Bravo en al menos $200,000.

Los abogados de Martínez sometieron su solicitud de sentencia sin cárcel de forma pública, pero los de Bravo sometieron su argumento de clemencia de forma restringida, por lo que no está accesible para reseñarla en esta historia.

Uno de los puntos principales de la fiscalía es que le piden al juez que tome en cuenta que los beneficios que Bravo le dió a Martínez con el viaje a Las Vegas no fue una mera cortesía sino un soborno. Además, están pidiendo al juez que tome en cuenta que los sobornos fueron dos, porque no sólo viajó Martínez, sino también el convicto exsenador Jorge de Castro Font. También sobre Bravo solicitan que se tome en cuenta que, de conseguir lo que pretendía con los proyectos que Martínez tenía bajo su consideración relacionados con la industria de seguridad privada en la que trafica el empresario, el beneficio para éste hubiera sido de al menos $1 millón.

‘No está en disputa que el convicto Bravo proveyó a De Castro y al convicto Martínez de cosas de valor a la misma vez que les estaba pidiendo que realizaran actos oficiales que le beneficiarían financieramente’, sostienen en su escrito los fiscales de la División de Integridad Pública.

En el caso de ambos, se solicita al juez que tome en cuenta que intentaron obstruir la justicia. De hecho, en esta parte se hace evidente que, aunque no compareció como testigo en el juicio, la fiscalía y el informe de sentencia de la Oficina de Probatoria Federal toman en cuenta el testimonio de De Castro Font ante el Gran Jurado.

Esto, porque se alude a que supuestamente Martínez y De Castro habrían discutido destruir evidencia documental del viaje, recibos, boletos de abordaje, una vez regresaron de Las Vegas. Sobre Martínez, se dice además que intentó influenciar el testimonio de su ayudante José Velazquez. Sobre Bravo, se dice que la obstruccin fue cuando advirtió a De Castro y a su ayudante, Carlos Díaz de Hostos, sobre que el FBI los estaba investigando.

‘Los convictos Bravo y Martínez han hecho daño particular a la confianza pública y el estado de derecho en Puerto Rico con sus actos corruptos. De hecho, los crímenes de los cuales han sido convictos enervan la eficiencia gubernamental, atentan contra la integridad de nuestras instituciones, y amenazan la vitalidad de nuestra democracia’, concluyeron.

Martínez, por su parte, pidió una sentencia que no incluya cárcel tomando en consdieración, entre otros argumentos, que es el que cuida de su madre septuagenaria. Los abogados le señalaron a Probatoria que no tomaron en cuenta ninguna de sus objeciones a sus informes presentencia y advierten que incluir declaraciones de De Castro en el informe erosiona el derecho de Martínez de confrontar a su excolega legislador en un contrainterrogatorio.

‘[Martínez] es un hombre de extraordinario caracter. Estudió derecho y, en vez de buscar una carrera lucrativa en el sector privado, escogió seguir los pasos de su padre en el servicio público y convertirse en senador. Como sabe el tribunal, Martínez sigue teniendo la consideración y alta estima del Presidente del Senado y sus compañeros senadores que conocen su caracter y son testigos de su dedicación al bien público’, argumentaron.

Sobre la reiteración de que el viaje fue un soborno, los abogados piden al juez tener en cuenta que ‘[l]a experiencia nos dice que ningún político se vende tan barato’. También, piden que se tome en cuenta que los que se dedican al servicio público son ‘una especie rara’ que abandonan oportunidades en el sector privado para ‘sacrificarse’ en el gobierno.

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