La proveedora Google enfrenta una citación del Tribunal Federal para entregar el contenido de la cuenta personal de correo electrónico de la senadora Melinda Romero, como parte de una demanda en la que se alega un esquema de fraude en el contrato de teléfonos públicos en el Municipio de San Juan.

La petición es parte de un caso que el banquero Joseph Raymond Molina lleva en contra de la Ciudad Capital y el alcalde Jorge Santini desde 2009, en la que se alega que el municipio violentó leyes federales cuando le otorgó una subasta para la operación de teléfonos públicos a Teléfonos Públicos de Puerto Rico/Phoneworks, Inc.

Molina fue el empresario que resultó convicto por propinarle un puñetazo en el ojo al exgobernador Romero Barceló durante una discusión política en la panadería Pelayo en el Condado.

El hijo del ex gobernador Carlos Romero Barceló, Andrés Romero, el propio exgobernador, y el convicto federal por narcotráfico, Ronald Massie, tienen intereses en la empresa de los teléfonos, según la demanda. Las violaciones de ley habrían ocurrido mediante dos esquemas; una sobrecarga de más de $3.00 cuando el usuario pide el servicio de operadora; y la alteración de los aparatos para que no devuelvan al usuario las monedas de cambio.

La senadora era asesora de Santini para el período cubierto por la demanda, a razón de $30,000 anuales, y la solicitud de sus correos en la cuenta mkromero@gmail.com está basada en que la usó para ‘comunicarse con los coconspiradores’ mientras era asesora de Santini.

Romero compareció mediante moción el 4 de noviembre alegando que se debería dejar sin efecto la citación porque no se había cumplido con el procedimiento de notificarle a ella, y porque se le violentaban tanto su derecho a intimidad como su inmunidad parlamentaria. En el escrito afirma que no tiene ‘ningún interés’ en la demanda.

Sin embargo, los abogados de Molina y de su codemandante, una compañía que resultó perdidosa en la subasta de los teléfonos, se adelantaron y obtuvieron del tribunal una orden protectora en la que Google y ellos garantizan que el contenido de los correos se mantendrá confidencial y sólo se usará para propósitos del caso. Además, señalaron que la senadora se equivocó de ley porque el que tiene que notificar es el gobierno cuando busca obtener los correos para propósitos de una pesquisa criminal, y porque a esa dirección no aplica inmunidad ya que su dirección como senadora es mromero@senadopr.us, y porque la materia de la demanda ocurrió antes de que ella fuera senadora.

El tribunal no ha resuelto la controversia.

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