La Corporación de Acción y Educación Civil (CAEC), el bufete de los presos en el caso federal Morales Feliciano, anunció que se acogerá a la protección del Capítulo 7 de la Ley de Quiebras porque el Tribunal Federal ha detenido los fondos con los que operaba, justo cuando el pleito por violación de derechos civiles en los penales entra en su supuesta fase final.

La decisión de la Junta de Directores de la CAEC fue anunciada ayer al juez Paul Barbadoro, quien maneja el caso que estuvo por más de tres décadas en manos del juez Juan M. Pérez Giménez sin que tuviera solución.

La moción incluso indica que la CAEC ya no tiene capacidad para cumplir con algunas de las mociones pendientes porque el personal ha dejado de asistir a la oficina ante la falta de fondos. Desde aproximadamente 1997, el bufete que ahora tiene unos 10 abogados funciona con unos $3 millones anuales que el tribunal asignaba del fondo de multas del caso, pero el juez Barbadoro suspendió ese método y lo va a sustitur por uno mediante el que se le va a pagar a cada abogado según facture, y bajo una tarifa que todavía no se ha determinado.

‘Eso no quita que se siga trabajando en el caso… yo no creo que el sistema (carcelario) cumpla con los estándares mínimos constitucionales… el tribunal tendrá que resolver qué va a hacer, confíamos en que una vez reciba evidencia resolverá conforme a derecho’, argumentó el cojefe de la CAEC, Guillermo Ramos Luiña. El otro jefe de la corporación, Carlos García Gutiérrez, renunció oralmente en una vista, pero el juez no ha aceptado la renuncia todavía.

A preguntas de cómo la eliminación de la CAEC como entidad defensora de los presos afecta la etapa de supuesta resolución final del caso, Ramos recalcó que ‘ciertamente lo afecta porque hay un cambio sustancial de la forma y manera en que se ha estado trabajando el caso los últimos 15 años, pero nada, tendremos que hacer los ajustes’.