El sentir de las profesiones colegiadas en Puerto Rico, a las que la Cámara de Representantes pretende descabezar al eliminar la colegiación compulsoria, es que enfrentan un proceso iniciado por personas que no conocen, y no quieren conocer, cómo funcionan los colegios ni las funciones que cumplen.

Así se expresó el presidente del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de Puerto Rico (Cicap), Rafael Castro.

‘Ni Liza Fernández, ni ningún integrante de su equipo de trabajo, ni ningún otro legislador, ha dialogado con representante alguno de ni uno solo de los colegios profesionales; aún cuando yo le envié una carta a ella, (a la presidenta cameral) Jenniffer González, (al presidente senatorial) Thomas Rivera Schatz, (al senador) Roberto Arango, y a (el secretario de Estado) Kenneth MacClintock pidiéndoles una reunión para dialogar sobre el asunto hace dos semanas’, aseguró en reacción a las declaraciones de Fernández en NotiCel.

Fernández es coautora, junto al ex presidente cameral José Aponte, de 11 proyectos que NotiCel reseñó para eliminar la colegiación compulsoria a, entre otros, contadores públicos autorizados, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, actores, nutricionistas y mecánicos. En una entrevista posterior,la legisladoraindicó que todos los colegios, y no solamente los mencionados, están en lista para eliminarles la colegiación compulsoria.

Ante el argumento de que los proyectos buscan proteger la ‘libertad de asociación’ de los profesionales para no obligarlos a pertenecer a una asociación, Castro ripostó que la existencia de colegios profesionales ‘no es un tema de libertad de asociación, es un tema de administración pública’.

Especificó que los colegios son los que mantienen los expedientes de credenciales profesionales y educación contínua del colegiado que se supone mantengan las Juntas Examinadoras, que son dependencias del Departamento de Estado. ‘Los colegios profesionales han tenido que asumir las (labores administrativas de las juntas) desde antes de la Ley 7, después de la ley 7 la cosa empeoró significativamente’, apuntó.

El también presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas recordó que, cuando el gobierno decide que una profesión requiere licencia, lo hace ‘por virtud de la incidencia que pueda tener la práctica de la misma en la salud y la seguridad del pueblo’. Y que licenciar una profesión conlleva la responsabilidad de administrarla, lo que, dijo, el gobierno no puede hacer en la práctica sin la ayuda de los colegios.

Cuestionó qué es más sabio, si eliminar la colegiación compulsoria o hacer la inversión millonaria que se requería para que las Juntas Examinadoras hagan el trabajo administrativo que ahora hacen los colegios.

‘El verdadero efecto (de eliminar la colegiación compulsoria) será que las profesiones dejarán de tener una entidad con la representatividad de todo un gremio y la relevancia que ello implica en el quehacer político, social y económico del país’, concluyó.

Así se expresó el presidente del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de Puerto Rico (Cicap), Rafael Castro.

‘Ni Liza Fernández, ni ningún integrante de su equipo de trabajo, ni ningún otro legislador, ha dialogado con representante alguno de ni uno solo de los colegios profesionales; aún cuando yo le envié una carta a ella, (a la presidenta cameral) Jenniffer González, (al presidente senatorial) Thomas Rivera Schatz, (al senador) Roberto Arango, y a (el secretario de Estado) Kenneth MacClintock pidiéndoles una reunión para dialogar sobre el asunto hace dos semanas’, aseguró en reacción a las expresiones de Fernández en NotiCel.

Fernández es coautora, junto al ex presidente cameral José Aponte, de 11 proyectos que NotiCel reseñó para eliminar la colegiación compulsoria a, entre otros, contadores públicos autorizados, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, actores, nutricionistas, y mecánicos. En una entrevista posterior, Fernández indicó que todos los colegios, y no solamente los mencionados, están en lista para eliminarles la colegiación compulsoria.

Ante el argumento de que los proyectos buscan proteger la ‘libertad de asociación’ de los profesionales para no obligarlos a pertenecer a una asociación, Castro ripostó que la existencia de colegios profesionales ‘no es un tema de libertad de asociación, es un tema de administración pública’.

Especificó que los colegios son los que mantienen los expedientes de credenciales profesionales y educación contínua del colegiado que se supone mantengan las Juntas Examinadoras que son dependencias del Departamento de Estado. ‘Los colegios profesionales han tenido que asumir las (labores administrativas de las juntas) desde antes de la Ley 7, después de la ley 7 la cosa empeoró significativamente’, apuntó.

El también presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas recordó que, cuando el gobierno decide que una profesión requiere licencia, lo hace ‘por virtud de la incidencia que pueda tener la práctica de la misma en la salud y la seguridad del pueblo’. Y que licenciar una profesión conlleva la responsabilidad de administrarla, lo que, dijo, el gobierno no puede hacer en la práctica sin la ayuda de los colegios.

Cuestionó qué es más sabio, si eliminar la colegiación compulsoria, o hacer la inversión millonaria que se requería para que las Juntas Examinadoras hagan el trabajo administrativo que ahora hacen los colegios.

‘El verdadero efecto (de eliminar la colegiación compulsoria) será que las profesiones dejarán de tener una entidad con la representatividad de todo un gremio y la relevancia que ello implica en el quehacer político, social, y económico del país’, concluyó.