El tribunal falló en contra de la solicitud de desestimación porque necesita ver prueba sobre el uso del terreno y si el municipio ha invadido la propiedad de su vecino, Caribbean Golf Academy.

La jueza superior Diana Conde Rodríguez rechazó desestimar una demanda que pesa contra el Municipio de Carolina y los operadores de su sistema sanitario por alegaciones de que están usado el terreno de su vertedero ilegalmente y que han invadido la propiedad de un colindante que maneja la Caribbean Golf Academy (CGA).

La acción está pendiente desde diciembre de 2021, después de que en verano de ese año CGA hiciera una denuncia sobre el mal uso de una “zona de amortiguamiento” que tiene el vertedero y en la que se supone que no depositen desperdicios, precisamente, para no afectar las operaciones de sus vecinos. La ciudad obtuvo ese terreno cuando hace 20 años realizó una expropiación forzosa de 35 cuerdas a Hacienda Campo Rico.

El ayuntamiento tiene el vertedero hace unos 50 años y CGA pide el cese del depósito de basura en el área de amortiguamiento, construir verjas que demarquen las zonas, retirarse de la casi una cuerda de su terreno que le invadieron, la rehabilitación ambiental de la zona y compensación por $5 millones.

Además de la ciudad, están demandados Landfill Technologies LLC como operadores del vertedero y Consolidated Waste Services LLC (ConWaste), como los contratistas de recogido y manejo de desperdicios sólidos en Carolina.

La jueza enfatizó que no se puede desestimar en esta etapa, como pidieron los demandados, porque hay que probar si, en efecto, se ha invadido ilegalmente el predio de CGA y si el terreno en controversia es parte de las 35 cuerdas expropiadas en 2004 como “zona de amortiguamiento”.

“[H]ay cuestiones vinculadas a la responsabilidad civil extracontractual y razones no solo de equidad, sino también de seguridad jurídica, pública y ambiental, que merecen ser dilucidadas”, indicó la jueza en su decisión del 8 de enero pasado en la que consigna que CGA tiene capacidad para demandar porque está reclamando un daño que no es “abstracto ni hipotético” y porque hay una relación causar razonable entre ese daño y los actos de los demandados.

En sus peticiones de desestimación, los demandados negaron las alegaciones, argumentaron que CGA no tenía capacidad para impugnar una expropiación que ya es final y de la que ellos no fueron parte, y que su vecino esperó 10 años para alegar la ilegalidad de la operación del vertedero y la invasión de su terreno.

En reacción a la radicación de la demanda, el alcalde José Aponte Dalmau hizo expresiones escritas a los efectos de defender la operación del vertedero y recordar que es inspeccionado regularmente por agencias estatales y federales. “Nos enorgullece cumplir con todas las regulaciones y con las mejores prácticas en el manejo de los desperdicios sólidos”, dijo.

Ante la queja de CGA, un representante de Landfill, Javier Vázquez, apuntó a que el colindante estaba molesto porque quería desarrollar un proyecto turístico al lado de una zona industrial de manejo de desperdicios sólidos, admitió que puede haber depósito en el área de amortiguamiento pero que esa actividad estaría avalada por las autoridades y que otros vertederos en la isla también pueden impactar zonas ecológicamente sensibles por el poco espacio que hay para ubicarlos.

Vea:

Carolina deposita basura donde no puede, reclama vecino del vertedero

Carolina asegura que la expansión de su vertedero está en ley