La exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano presentó una moción de desestimación con argumentos que podrían aplicar en los casos de otros dos exrepresentantes del PNP.

La defensa de la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano presentó ayer una moción de desestimación contra dos de los cargos que le presentó la fiscalía federal el año pasado con argumentos de que la acusación tiene “errores fatales”. Estos argumentos podrían aplicar a los casos de otros dos exrepresentantes arrestados, ya que los hechos y cargos son similares en los tres casos.

La abogada de Charbonier Laureano es la exfiscal federal Sonia Torres, quien utilizó el precedente de otro caso en el que estuvo involucrada, el del exsenador Héctor Martínez, quien es también del Partido Nuevo Progresista (PNP) y fue convicto en dos juicios distintos, pero luego resultó absuelto a nivel apelativo en un proceso que duró una década.

Charbonier Laureano, Nelson del Valle Colón y Néstor Alonso Vega fueron arrestados el año pasado por un esquema similar: le aumentaron salarios a sus empleados legislativos y luego les exigían a estos que les devolvieran una parte del salario o le cubrieran otros gastos personales. Charbonier Laureano y Del Valle Colón fueron acusados junto a los empleados (y junto a familiares en el pliego de Charbonier Laureano) supuestamente involucrados en el esquema y también tienen imputaciones de obstrucción a la justicia por alterar la información de sus teléfonos celulares. Alonso Vega no tiene coacusados ni cargos de obstrucción a la justicia.

El proceso contra Charbonier Laureano, la primera arrestada del trío en agosto de 2020, es el más adelantado que está y, aunque ninguno de los otros dos exrepresentantes han sometido mociones relativas a los méritos del caso, lo que suceda en el caso de Charbonier Laureano podría influenciar los otros dos procesos.

La moción de Torres y el equipo legal de Charbonier Laureano va contra la aplicación del cargo relativo a robo con programas federales, un cargo que se repite en los tres pliegos, porque apuntan que la Cámara de Representante no recibe ningún dinero federal, los representantes no son “agentes” del gobierno de Puerto Rico y porque no se presentó evidencia de parte de fiscalía de que los salarios que la legisladora pagó a su equipo fueran por trabajo no realizado. En 20 años, la Cámara de Representantes no ha recibido fondos federales, aseguraron a la vez que solicitaron al tribunal una vista oral para discutir la moción de desestimación.

La fiscalía federal consignó en la acusación que el requisito de jurisdicción por haber por lo menos $10,000 en fondos federales involucrados ocurrió debido a que el Gobierno de Puerto Rico recibe más de esa cantidad, pero la moción riposta que la Cámara de Representantes no tiene fondos federales asignados y que los tribunales no favorecen la interpretación amplia de que todo lo que hace un gobierno esté bajo jurisdicción federal criminal. También, argumentan que, distinto al caso de Martínez, en el de Charbonier no se está alegando ninguna acción legislativa oficial de parte de ella.

De hecho, en el caso de Martínez, el elemento de jurisdicción planteado fue que el Senado recibió fondos federales para su centro de cuido de niños, pero “en ningún lugar de la acusación (de Charbonier Laureano) se especifica cuál programa federal satisface el umbral jurisdiccional”, dice el documento. “Un error fatal”, subraya.

“Están tan fatalmente defectuosos los cargos Dos y Tres (18 USC 666 y 2) que el pliego ni siquiera menciona un programa federal”, insiste la moción a la vez que adelanta que la validez de los demás cargos se atendería en su momento.

A preguntas de NotiCel en una conferencia de prensa, el jefe de la fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, atendió los señalamientos sobre jurisdicción diciendo que “no tenemos que mostrar que el dinero que se estaba pagando como salario es dinero de fondos federales, no tenemos que mostrar esa conexión… en todos los años (que cubre la acusación) el gobierno de Puerto Rico recibió más de $10,000 en fondos federales”. “Nosotros no tenemos que demostrar que esos son los fondos que se usaron para pagar el salario. El gobierno de Puerto Rico, la Cámara de Representantes como parte del gobierno de Puerto Rico, recibe ese dinero”, añadió.

Para ver la moción, pulse aquí.