La Oficina de Panel del Fiscal Especial Independiente empieza hoy la vista preliminar contra Sandra Torres López a la vez que se mantiene entrevistando testigos para una posible ampliación del caso.

El desfile de prueba contra la expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, pautada para comenzar hoy, puede traer exposición detallada de elementos de la operación política del Partido Nuevo Progresista (PNP) que usualmente se mantienen a la sombra, a juzgar por la lista de testigos anunciada.

A Torres López, una licenciada con décadas de vinculación al liderato del PNP y específicamente el área de recaudación de fondos políticos, se le imputan dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y una violación al Código Penal por utilizar, recursos y fondos públicos para esfuerzos de recaudación a favor el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. Lo poco que se conoce de los hechos hasta ahora coloca a su exayudante, Exel Joel López Vélez, como el denunciante principal y a su exasesora, Katherine Erazo García, como testigo de corroboración. Erazo, suegra del exdirector de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte, cambió su rol en el caso de investigada a testigo, mediante un acuerdo de inmunidad total que le concedió el FEI por declaraciones que todavía se desconocen.

Hay más testigos consignados en las tres denuncias que los fiscales especiales independientes (FEI) Ramón Mendoza Rosario, Juan Catalá Suárez y Leticia Pabón Ortiz, presentaron contra Torres López el 8 de abril pasado, pero esa enumeración de testigos no está completa, ya que el martes pasado el Panel que supervisa a los FEI autorizó 30 días adicionales a los fiscales para entrevistar testigos que no han sido identificados públicamente.

La solicitud de los fiscales es para “ampliar la investigación en el caso de autos y entrevistar a las personas que se habían comunicado con ellos aduciendo tener información sobre otras actividades que podrían estar relacionadas con aspectos de esta investigación”. Estos testigos se habrían acercado a los FEI después de la radicación del caso contra Torres López y de que se conociera del acuerdo de inmunidad con Erazo García.

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Aunque tienen anunciados 18 testigos, así como prueba documental, en la vista preliminar los FEI no están obligados a presentarlos todos y no se sabe cuáles serían, pero al describir la conducta criminal, las denuncias mencionan específicamente a López Vélez y a la licenciada María T. Fullana Hernández, quien al momento de los hechos, marzo a junio de 2018, era una de las funcionarias públicas del Negociado supuestamente presionadas por Torres López para hacer contribuciones económicas o usar su tiempo oficial a favor de la campaña de Rosselló Nevares.

Fullana Hernández es una activista del PNP que ha ocupado varias posiciones en administraciones de ese partido y que también ha usado la plataforma Twitter para ‘trolear’ a favor del partido bajo el seudónimo “Bloody Mary”. Bajo la Administración Fortuño fue presidenta de la Comisión de Servicio Público (CSP) y luego asesora en La Fortaleza, donde fue objeto de denuncias de Departamento de la Familia porque, junto a la exdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Bras, se presentó en al menos 36 oficinas de servicio del departamento disfrazadas de una forma que ellas entendían tipificaban a las mujeres que acudían a pedir servicios y actuaban de forma cafre, descuidada y vulgar para supuestamente medir cómo se ofrecían los servicios en la agencia. Las denunciaron empleados del propio departamento en mayo de 2011 que entendían el montaje era una falta de respeto al público que acudía a pedir servicios y una muestra de desprecio y prejuicio de parte de las dos funcionarias.

En el 2000, y siendo abogada de personas sujetas a la jurisdicción de la CSP, Fullana Hernández protagonizó un incidente con la representante del interés público de la CSP, Gloria Figueroa Rivera, que resultó en que el Tribunal Supremo suspendiera por seis meses a Figueroa Nieves. Según el relato, durante los procesos Fullana Hernández se paró frente a Figueroa Rivera diciéndole “compañera, usted es una abogada bien baja” a lo que Figueroa Nieves reaccionó inmediatamente “dándole un manotazo en el cuello”, acto que le ganó la suspensión temporera.

En 2017, al ir a trabajar como Ayudante Ejecutiva en el Negociado, la propia imputada, Torres López, tramitó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) una consulta para confirmar que Fullana Hernández no tenía que someter informes financieros.

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Por otro lado, López Vélez fue candidato primarista del PNP para el distrito representativo 22 en 2012, perdiendo ante el exlegislador Waldemar Quiles. Luego laboró en el senado con Henry Neuman y de ahí a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (lo que antes era el Negociado). Del Negociado renunció en febrero de 2021 y luego procuró contratos de servicios profesionales con dos agencias públicas.

Lo que puede ser el reto principal de los fiscales al presentar el testimonio de López Vélez es que, como parte de las varias denuncias que activó contra su exjefa, incluyendo un procedimiento disciplinario ante el Tribunal Supremo que sigue pendiente, la OEG lo entrevistó para hechos similares a los que se imputan a Torres López en el caso criminal y los abogados de esa oficina concluyeron que el testimonio fue mendaz porque no pudieron corroborarlo con los implicados. De hecho, las denuncias contra Torres López incluyen como testigos del FEI a dos funcionarios que trabajaron la investigación en Ética, Carlos J. Capó Hernández y Nimia O. Salabarría Belardo.

El récord judicial también tiene varias controversias legales de López Vélez en las que figura como demandado en acciones de cobro.

La lista de testigos incluye también a la exsecretaria de la gobernación Zoé Laboy Alvarado, el exjefe de la Telefónica de Puerto Rico, Agustín García Acevedo, el exfuncionario de finanzas del comité de Rosselló Nevares, Luis Oscar Cintrón Fonalledas, el exrepresentante, Ángel Cintrón García como abogado de Claro, el presidente de Claro en Puerto Rico, Enrique Ortiz de Montellanos, representantes del Departamento de Estado y de la Oficina del Contralor Electoral, el agente Faustino Meléndez Cruz, Francisco J. Silva Salcedo, Edwin Iván Rivera Malavé, Giselle Decleres Rivera, Mirian B. Toledo David y Carmen M. Carro Santiago.

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