El columnista analiza el nivel de responsabilidad que ha tenido FEMA y el gobierno federal.

No es un secreto que la recuperación de Puerto Rico tras los devastadores efectos de María ha sido un camino lleno de obstáculos y desafíos.

Aunque se han logrado avances, es innegable que el proceso general avanza a pasos lentos. Según el portal de transparencia de COR3, aproximadamente el 67% de los fondos municipales aún no se han subastado. Esto, en gran medida, responde a problemas y tropiezos que el mercado y el mismo proceso han creado.

Uno de los principales problemas que enfrentan los municipios es, por un lado, el alza en el costo de los materiales de construcción, la escasez de mano de obra y los rigurosos requisitos impuestos por los mismos programas federales.

Estos obstáculos, que contribuyen a la ralentización de la recuperación, podrían haberse evitado. Ciertamente, la mayor responsabilidad recae sobre cada equipo municipal ejecutar dichos proyectos. No obstante, debemos recordar el nivel de responsabilidad que tiene FEMA y el gobierno federal.

El fiasco del proceso 270

En primer lugar, recordemos el famoso Proceso 270 implementado durante la administración de Donald Trump el cual generó un caos al exigir una especie de validación doble de los desembolsos de fondos de recuperación. Esta medida, en lugar de agilizar el proceso, resultó en demoras significativas y complicaciones innecesarias, afectando la capacidad de los municipios para avanzar con rapidez en sus proyectos de reconstrucción.

El “cambia y cambia” de personal

Otro problema recurrente fue el constante «cambia y cambia» de personal por parte de FEMA.

La falta de constancia en el personal asignado a cada municipio ha generado confusión y desconocimiento de los procesos por parte de los municipios. La inconsistencia en las instrucciones y cambios constantes en los procedimientos llevo a pérdidas de tiempo y dinero, agravando aún más la situación y retrasando la recuperación.

La experimentación con políticas de procesos alternativos

Además, la experimentación con políticas de procesos alternativos, como la sección 428 de la ley Stafford, ha demostrado ser un arma de doble filo. Aunque en teoría buscaba agilizar la formulación y gestión de proyectos, la implementación en Puerto Rico fue un enredo. La falta de claridad en la explicación de estos procesos alternativos causó retrasos innecesarios.

Si bien es cierto que los municipios son responsables de estructurarse administrativamente de manera que les permita atenderla recuperación, no es menos cierto que la mayoría de los problemas se hubiesen evitado o su efecto no sería tan severo. Si estos tropiezos no hubiesen ocurrido, les aseguro que la historia seria otra.

Es imperativo reconocer que tanto FEMA como el gobierno federal comparten responsabilidad coprotagónica en estos desafíos.

Para evitar futuros contratiempos, es necesario establecer procesos claros y consistentes, fortalecer las estrategias de mantener la continuidad en el personal asignado y aprender de las lecciones del pasado. Solo a través de una colaboración efectiva y un compromiso firme se podrá garantizar una recuperación más rápida y eficiente en el futuro.