La JSF ha demostrado su inexistente compromiso con la recuperación económica de Puerto Rico y su descarada política de favoritismo empresarial.

Todos deben estar claros sobre el perverso objetivo de la Junta Dictatorial de someter totalmente al pueblo puertorriqueño a su determinación de cobrar la deuda pública favoreciendo los intereses de los bonistas, mientras descaradamente promueve una monstruosa concentración de capital en manos de las corporaciones foráneas que protege.

Un riguroso examen de sus actuaciones, imponiendo la privatización total de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aporta datos suficientes para demostrar el inexistente compromiso de la Junta con la recuperación económica de Puerto Rico y su descarada política de favoritismo empresarial.

En un momento en que prevalece un reclamo universal por la reestructuración de la economía de manera sustentable, como respuesta a la crisis global que ha generado la pandemia del coronavirus, los integrantes de la Junta dan muestras de estar firmemente anclados en el capitalismo salvaje que se caracteriza por no cumplir ningún compromiso social.

Para los integrantes de este cuerpo extraño, que opera en el país al amparo del Congreso de los Estados Unidos, no existe en Puerto Rico una crisis sanitaria de grandes proporciones, nuestra economía funciona como un reloj suizo y la preservación de nuestro ambiente no hace necesaria la transformación de la producción de energía por medios renovables que protejan el ambiente.

Si la cartera de los intereses financieros y empresariales que ellos representan continúa llenándose, poco les importa que sus medidas de austeridad hayan debilitado las instituciones públicas y como resultado de su acción el Departamento del Trabajo haya sido un desastre, el Sistema de Salud no respondiera a la altura de lo que necesitamos en este momento, se cerraran cuarteles de la Policía y el desarrollo económico del país esté puesto en pausa.

Mientras el país vive con una mano al frente y otra detrás, los socios de la firma Alumbra de Colorado maximizan el valor de sus acciones con ingresos del orden de $1.3 millones al mes que ha pagado la AEE en facturas que nadie conoce su contenido, los bufetes de abogados que operan al amparo de la Junta Dictatorial cobran a razón de $1,245.00 la hora y las firmas de consultoría facturan a $1,000.00 la hora.

Lo anterior, sumado al leonino contrato con el privatizador LUMA Energy quien ya facturó $120.8 millones y espera facturar millones adicionales, solamente en la etapa de transición, sin garantizar que puedan concluir su labor en el tiempo establecido. Lo más insólito, la Junta impuso desangrar $750 millones del Gobierno Central que se deben utilizar para las pensiones, UPR y escuelas, la salud, los municipios y todos los servicios esenciales para dárselo a Luma junto a otros $250 millones de fondos de la propia AEE que le debe dinero al fondo de pensiones. Luma ha recibido mil millones en bandeja de plata.

Lo anterior no es todo lo que recibirá en dinero LUMA Energy en su leonino contrato de 15 años. El mismo tiene un pago fijo anual de $70 millones de dólares que aumenta a $105 millones anuales en los años 4 al 15 y una tarifa de incentivo que va de $13 millones en el primer año y hasta $20 millones en los años 4 al 15.

La Junta Dictatorial ha llegado más lejos en su afán de despojar a Puerto Rico de su principal industria y uno de sus mayores bienes patrimoniales. Han insistido en que el Gobierno de Puerto Rico, el mismo del que ellos dicen ser custodios de su proceso de quiebra, le preste a la AEE la friolera de $1,000 millones para poder garantizar la total privatización, distribuyendo ese dinero entre las empresas bajo su protección y amparo.

El modelo de Alianzas Público-Privadas que ha condonado la Junta para adelantar sus torcidos objetivos fiscales es reconocido internacionalmente como el modelo parasitario. Donde el gobierno entrega sus bienes a la empresa privada, le brinda el financiamiento para que lleve a cabo el proceso de transición, le paga por sus servicios y finalmente le permite la apropiación de las ganancias.

Este modelo, que termina siempre por encarecer la factura de los servicios que se cobran a los ciudadanos, sin necesariamente ofrecer garantías de que todo estará mejor, como pudo comprobarse en el estado de Texas, es el que ha puesto en práctica la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, su director Fermín Fontánez y es bendecido por la Junta.

La apretada síntesis que hemos hecho de la actuación de la Junta Dictatorial en la AEE, pone de manifiesto la distorsionada e irracional conducta de este organismo. Cuando la razón dicta una intervención del Estado dirigida a servir el interés público, a garantizar que los recursos que el gobierno aporta regrese a los contribuyentes en beneficios dedicándolos a estimular un crecimiento económico a largo plazo y al invertirse en investigación y desarrollo, ellos han optado por favorecer la acumulación de capital en las manos de los bonistas y las empresas foráneas.

Peor aún, la Junta insiste en hundir todavía más al país y conducirlo al hambre y la miseria promoviendo la destrucción de nuestro sistema de educación pública y la Universidad de Puerto Rico, deteriorando las condiciones de empleo de la clase trabajadora, principalmente del sector privado, oponiéndose al aumento al aumento del salario mínimo, atacando la organización sindical, frenado todo tipo de legislación que nos permita superar la gran brecha de desigualdad que prevalece en Puerto Rico, eliminado las leyes protectoras del trabajo, violentando el orden constitucional establecido aumentando nuestro gran déficit democrático.

¿Hasta cuándo vamos a permitirle a la Junta que siga hundiendo al país?

Ángel Figueroa Jaramillo es el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).