Del Centro para una Nueva Economía

Durante los últimos meses una narrativa se ha hilvanado, en ambos lados del espectro político, de que Puerto Rico está ‘utilizando la ayuda federal para la reconstrucción de la isla para pagarle a los bonistas’. Esta narrativa es errónea y peligrosamente simplista.

El uso de fondos federales, asignados por el Congreso y administrados por agencias federales, está sujeto a numerosas leyes, reglas y reglamentos. En terminos específicos, en el caso de FEMA y HUD, que administran las dos fuentes más importantes de fondos federales de ayuda en casos de desastres naturales, cada una ha emitido regulaciones que rigen la obligación y el gasto de esos fondos. Además, estas agencias cuentan con procedimientos de control y auditoría interna y, en última instancia, podrían estar sujetas a auditorías ex-post por parte de sus respectivos Inspectores Generales y la Government Accountability Office, así como a la supervisión directa por parte del Congreso. Por lo tanto, aquellos que utilizan esta narrativa o bien no comprenden como funciona el proceso de recuperación post-desastre o simplemente están tergiversando la verdad para lograr objetivos políticos a corto plazo. Desafortunadamente, estas ‘victorias’ políticas a corto plazo tienden a convertirse en desastres de política publica a largo plazo.

Dicho esto, y dado que el dinero es fungible, tambien es cierto que:

Los fondos de recuperación liberarán otros fondos del gobierno de Puerto Rico que podrían reprogramarse para otros fines (llamemoslo el efecto de dotación)

La actividad económica generada por el gasto de recuperación en Puerto Rico aumentará los ingresos fiscales que podrían utilizarse para cualquier otro propósito, incluso para aumentar los pagos a los bonistas (llamemoslo el efecto ingreso)

Desde nuestro punto de vista, se ha dedicado demasiado esfuerzo a encontrar una manera de construir una muralla entre los fondos federales y el servicio de la deuda. Al final del camino, esta es una tarea de tontos: aunque el Congreso puede legislar que ‘no se puede usar dinero de ayuda federal para desastres para pagarle a los bonistas’, no existe una manera absolutamente segura de evitar esto, dada la fungibilidad del dinero. Lo que se requiere, en cambio, es la voluntad política de decirles a los bonistas que tendrán que aceptar una reducción significativa en sus acreencias, a pesar de que la posición fiscal se vea bien. Y es que los números se ven bien debido a los efectos de dotación y de ingreso descritos anteriormente, no porque la economía puertorriqueña este creciendo a una tasa sostenible.

Además, el proceso de reestructuración diseñado bajo PROMESA no anticipaba que estos fondos estuvieran disponibles para sustituir otros fondos del gobierno de Puerto Rico. Si en el 2016 se hubiera anticipado un gran superávit en el 2019, entonces el Congreso no habría legislado para permitir la reestructuración de la deuda de la isla. Revisar el plan fiscal para incluir el efecto del gasto en la recuperación y reconstrucción fue un error grave de política publica.

Puerto Rico se encuentra en una situación de bancarrota única en medio de un esfuerzo masivo de recuperación despues de un desastre natural. Dadas estas circunstancias, la estrategia correcta debe ser ‘Poner a Puerto Rico Primero’ planificando y requiriendo que los fondos producto de los efectos de dotación y de ingreso se reinviertan en la economía de Puerto Rico antes de pagarle a los bonistas.

Los elementos de una estrategia de Puerto Rico Primero incluirían lo siguiente:

Recalcular el superávit disponible en el plan fiscal, neto de los fondos para la recuperación

La redacción de un plan para invertir los fondos generados por los efectos de la dotación y los ingresos en bienes públicos

Calcular los recortes a los bonistas basados en el ‘excedente disponible’ neto de los fondos federales para la recuperación

Ofrecerle a los bonistas un bono cuyo repago sea contingente a que Puerto Rico logre una tasa de crecimiento económico sostenible o a que se logren una serie de metas con respecto a los ingresos del gobierno central.

En conclusión, en un momento en que lo malo pasa y lo peor amenaza, todos los que nos preocupamos por Puerto Rico debemos ser cautelosos con el lenguaje que usamos para promover la causa de Puerto Rico. La isla tiene pocos defensores en Washington y ciertamente no tiene una escasez de detractores. Es imperativo que todos los que nos preocupamos por Puerto Rico no socavemos nuestra causa utilizando ideas y conceptos pobremente definidos y un lenguaje impreciso.

*El autor es Director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía. Tomado del blog de CNE.