La Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico advierte que los recortes ponen en riesgo el acceso de los pacientes que requieren diagnósticas esenciales.

La Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALCPR) radicó una demanda contra las aseguradoras Triple-S Advantage y Triple-S Salud por la imposición de una reducción unilateral en las tarifas de reembolso que reciben los laboratorios clínicos de la comunidad.

Luis Enrique Romero, asesor legal de la ALCPR, manifestó que la reducción tarifaria constituye un acto contrario a la normativa vigente, ya que el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y varias expresiones judiciales establecen que ninguna parte puede modificar unilateralmente los términos de un contrato, como ha hecho la aseguradora.

“No solo se trata de un impacto económico drástico, sino también de una acción ilegal que merece ser revisada por el Poder Judicial”, señaló Romero durante una entrevista con NotiCel.

La Asociación solicita al tribunal una sentencia declaratoria que determine la ilegalidad de la medida, así como un remedio provisional para suspender la implementación del recorte mientras se resuelve el caso.

Según Felipe Cintrón, presidente de la ALPR, este recorte pone en peligro la continuidad y viabilidad de los servicios diagnósticos para miles de beneficiarios de Medicare Advantage en Puerto Rico.

“A los pacientes se les ofrece una cubierta que, en la práctica, no existe”, señaló Cintrón. “Un servicio ‘cubierto’ al que un laboratorio no recibe compensación para realizar no es un beneficio real, sino una expectativa falsa que pone en riesgo los diagnósticos necesarios para nuestros adultos mayores y su acceso a la salud”.

Asimismo, la imposición representa una dramática merma económica para las operaciones de los laboratorios clínicos en Puerto Rico.

“Ahora, de repente, por designio de la aseguradora, sin considerar los costos operacionales de sus proveedores, ha decidido ‘te voy a pagar menos’”, estableció.

Sin embargo, este no es el primer efecto que sufre este sector de la salud. La ALPR sostiene que, desde el 2012, los laboratorios clínicos han experimentado reducciones tarifarias de aproximadamente un 30%. Con el nuevo recorte del 25% anunciado por Triple S, el total acumulado alcanzaría un 55%, lo que pone en jaque la sostenibilidad de numerosos laboratorios. 

“Si las tarifas caen por debajo del costo de procesamiento, muchos laboratorios tendrán que cerrar. El impacto para los pacientes será enorme: podrían dejar de realizarse hasta ocho de cada diez pruebas ordenadas”, alertó Cintrón.

Romero detalló que la Asociación realizó un estudio sobre los costos reales que representan administrar una prueba y cuánto recibirían los laboratorios, con resultados preocupantes. El análisis presenta más de 20 páginas de pruebas identificadas que en su administración por laboratorios resultarían en pérdida para el laboratorio porque la tarifa ni siquiera cubriría el costo de administrarlo.

“No se trata solo de perder ganancias. Un laboratorio acabaría financiando la operación de la aseguradora, lo que resulta absurdo”, afirmó.

Entre las pruebas afectadas por el recorte se incluyen exámenes fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como cáncer, diabetes e hipertensión, entre otras.

“Si estas pruebas no se realizan, los médicos no podrán diagnosticar ni monitorear adecuadamente las condiciones de sus pacientes”, explicó Cintrón. “Tomar la muestra ya genera una pérdida, incluso sin tomar en cuenta otros costos operativos. Muchas enfermedades podrían verse afectadas si no existe la posibilidad de evaluar si los tratamientos son realmente efectivos”, abordó Cintrón.

La medida de Triple S podría sentar un peligroso precedente si otras aseguradoras optan por seguir el mismo camino. “Eso sería desastroso; el sistema de salud podría colapsar”, advirtió Romero. Tanto él como Cintrón insisten en que la Asociación luchará contra cualquier intento de reducción arbitraria y confían en que el tribunal dictamine un remedio ejemplarizante que sirva de advertencia a todas las aseguradoras.

La demanda, radicada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se fundamenta en la notificación recibida por los laboratorios a través de la carta circular M2505043, mediante la cual la aseguradora comunicó la decisión de disminuir unilateralmente los pagos. 

Este escenario se produce en un contexto en el que Triple-S Management reportó ganancias de $1,005 millones en 2024 y las primas de seguros médicos continúan incrementando.

Campaña educativa y llamado al diálogo

Con esto en mente y de manera paralela a la acción legal, la ALCPR anunció que ha puesto en marcha la campaña educativa “Tarifas Justas”. La misma pretende educar a los beneficiarios de Medicare Advantage, sus familias y cuidadores mediante materiales informativos, contenido digital y una guía explicativa sobre cómo estos recortes afectan el acceso a servicios diagnósticos fundamentales.

“Hacemos un llamado a Triple S para que retire esta medida ilegal y se siente a negociar de buena fe, pensando en el bienestar del paciente”, instó Cintrón.

La Asociación reitera su disposición a colaborar con otros gremios en defensa del interés común y la salud de los pacientes puertorriqueños. Ahora, sus expectativas están puestas en una pronta actuación judicial que suspenda el recorte y marque un precedente para el sector.