En el pasado fin de semana, Casa Blanca proveyó las razones que no había provisto antes para la purga en el ente fiscal y uno de sus exmiembros acudió al tribunal para celebrar las destituciones.

En horas de la noche del viernes, la Casa Blanca envió cartas a los tres exmiembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que demandaron para ser restituidos, en las que presenta sus razones para haberlos destituidos.

La acción oficial, a través del subdirector de personal presidencial Morgan de Witt, ocurrió justo cuando hoy está programada una vista en la que la jueza federal María Antongiorgi Jordán escuchará argumentos de los demandantes para que se reviertan sus destituciones. Esto, en lo que el tribunal decide la controversia de si el presidente Donald Trump tenía poder para estas acciones bajo la Ley PROMESA y precedente del Tribunal Supremo federal.

Los demandantes, Arthur J. Gonzalez, quien era presidente del ente al momento de su destitución, así como Betty A. Rosa y Andrew Biggs, calificaron las cartas como un intento de “fabricar la causa” que PROMESA dice que se requiere para sacarlos del cargo. Cuando los sacó, entre el 1 y el 13 de agosto pasado, la Casa Blanca solo les envió un correo electrónico sin citar razones. Sobre eso, las cartas del viernes dicen que expresiones que Casa Blanca ofreció posterior a los despidos “hacían claro” que los despidos fueron por “ineficiencia, inefectividad, negligencia y fracaso en adelantar la misión estatutaria” de la Junta.

“El Presidente ha determinado que existe causa (y existía el 1 de agosto) para removerlo de su cargo como miembro de la Junta de Supervisión porque, en el juicio del Presidente, su incumbencia ha fracasado en adelantar la misión estatutaria de la Junta de Supervisión”, dice la misiva. Menciona que la Junta no ha encontrado una salida a la crisis fiscal de la isla, que las instrumentalidades de Puerto Rico “siguen atascadas en procesos de quiebra”, y que uno de los ejemplos es que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lleva casi una década en quiebra provocando todavía apagones. También, que la Junta se ha gastado $2,000 millones en gastos legales y de consultoría “con muy pocos resultados”.

Al producirle las cartas al tribunal, los abogados de los tres exmiembros pidieron que las mismas no se tomaran en cuenta y que, si la jueza las toma en cuenta, están listos para rebatir los argumentos porque, por ejemplo, es la jueza de quiebras Laura Taylor Swain la que revisa y aprueba finalmente todos los gastos conectados con los procesos de quiebra, y no la Junta.

Luego de las cartas, el domingo en la noche, el Departamento de Justicia federal presentó su oposición a la petición de reinstalación aludiendo a las causas que Casa Blanca expuso en las cartas. En cuanto al argumento de que los integrantes de la Junta son son oficiales federales porque el Supremo federal ha definido al organismo como parte del gobierno de la isla, el escrito lo acepta pero dice que, comoquiera, Trump podía hacer las destituciones.

“Aunque los miembros de la Junta removidos no son oficiales de los Estados Unidos, y, por tanto, no necesariamente ejercen el mismo tipo de poder ejecutivo que (otras remociones recientes que ha hecho el presidente), son similarmente nombrados por el Presidente para llevar a cabo las funciones estatutarias que tienen asignadas, y dejarlos en el cargo a pesar de las preocupaciones que el Presidente tiene con su desempeño arriesgaría daño sustancial para el gobierno”, plantearon.

Sin mencionarlo, la Casa Blanca citó en sus cartas las críticas del único miembro que Trump ha designado al ente fiscal, Justin Peterson, quien el viernes también entró al caso como “amigo de la corte” para celebrar las destituciones y presentar fundamentos legales sobre el poder del presidente para realizarlas.

Igual que Casa Blanca, el exintegrante dice que el fundamento es que no han resuelto la quiebra de la AEE, a pesar de los $2,000 millones gastados.

“El viejo liderato de la (JSF) probó que en la vida, en realidad hay tres cosas seguras: la muerte, los impuestos y el bacanal interminable de horas facturables en la Junta”, acusó al describir como “catastrófico” para los intereses de Puerto Rico el que se acceda a reinstalar a los miembros destituidos.

Añadió que la definición de “causa” para que el presidente ordene las destituciones es amplísima. “Aquí, ‘causa’ es tan amplia como posiblemente pueda ser”, acotó. Peterson, quien renunció en 2023 antes de completar su término, presenta los $2,000 millones como si todo se hubiera gastado en la quiebra de la AEE y no hace distinción de los otros procesos de quiebra que ya se han completado, como el de la Autoridad de Carreteras y Transportación y el del gobierno central. De hecho, afirmó que, si no fuera por él, no se hubiera podido resolver la quiebra del gobierno central.

“Durante su tiempo en la (JSF), el Sr. Peterson lideró esfuerzos para reestructurar exitosamente más de $33,000 millones de la deuda de Obligaciones Generales del gobierno, después de negociaciones entre la (JSF) y los bonistas que se habían estancado antes de su nombramiento. Esta reestructuración monumental no hubiera sucedido sin el liderato del Sr. Peterson”, se afirma en el documento.

Peterson elogió la respuesta “rápida, histórica e implacable” que tuvo la Administración Trump después del huracán María y la contrastó con los cuatro años que la Administración Biden y la Junta pasaron “promoviendo despilfarros de energía verde”.

Peterson está representado por R. Trent McCotter de Boyden Gray PLLC, un despacho legal que se considera como la primera línea ofensiva para las políticas que Trump quiere implantar o cambiar a través de los tribunales. También, fue abogado del convicto exestratega de Trump, Steve Bannon.

Además, lo representa Daniel Epstein, vicepresidente de America First Legal, un grupo de litigio sin fines de lucro que fundó el jefe de política pública de Trump y su encargado del plan para migración y deportaciones, Stephen Miller. Como abogado local, el exmiembro de la Junta tiene a Ramón Rosario Cortés, exasesor legal del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

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