En exclusiva- Audios de las tres vistas de este caso, solicitados al tribunal por NotiCel, delatan defectos de todas las partes en perjuicio de don Rafael.

El proceso judicial que inició el 30 de noviembre del año pasado contra Emmanuel Aponte Colón por agredir a su padre- un acto que conmocionó al país- estuvo plagado por la falta de dinamismo y asertividad del Ministerio Público y un juez que un día dijo en sala que no le importaban los actos imputados al revisar la fianza que le dejaría en libertad, pero que tres días más tarde expresó vehemente indignación por los hechos que no permitió presentar antes.

El proceso estuvo matizado, además, por defensa minimizante que aseguró que “esas cosas pasan” en las familias.

Estos elementos se desprenden de las grabaciones obtenidas y evaluadas por NotiCel, tras declararse ayer Ha Lugar una moción presentada ante el Tribunal de Humacao, al amparo del argumento de que las vistas son de carácter público y sosteniendo que la discusión social era una acalorada «dado el deleznable ataque que sufrió la víctima, don Rafael Aponte López», por parte de su hijo.

Ya había transcurrido casi una semana en que el vídeo dominaba la discusión y análisis público, además de conversaciones en cafetines y en todos lados a lo largo y ancho de la isla. Las reacciones se dieron: primero, por el acto tristemente violento contra el padre; luego por el encarcelamiento inicial tras no poder prestar la fianza impuesta por la jueza Karina Díaz Pérez, quien halló causa, y en una vista que duró algo más de cinco minutos, desestimó la defensa de Aponte Colón.

La jueza se negó a imponer una fianza de “entre $1,500 y $2,000” que era lo que podía pagar, según el licenciado Manuel Luis Morales Schmidt, por lo que fue ingresado a prisión.

La indignación se hizo más fuerte cuando en una vista de revisión de fianza celebrada en la tarde del 5 de diciembre, el juez Martín Ramos Junquera redujo la cuantía de $50,000 a $2,500, lo que permitió que el imputado se fuera para su casa, aunque con grillete y encierro 24/7 (lockdown). Esa vista duró menos de una hora y el juez llegó a decir “yo no estoy pasando juicio si pasó o no pasó. No me importa”.

En esa vista, llamativamente, el estado no puso a disposición del tribunal el controvertible vídeo, que sin embargo, ya había sido anunciado en la vista original, además de una declaración jurada, aunque la jueza no pidió verla. En esa vista de regla 6 no estuvo presente el Ministerio Público, solo una agente de la Policía de Puerto Rico, reveló la grabación en poder de NotiCel.

Una evaluación de la grabación de la vista de revisión, evidenció una audiencia en la que reinó la informalidad, la limitación de permitir presentar prueba al Ministerio Público, la falta de cuestionamiento a las personas que custodiarían al imputado- su madre y una amiga de la infancia que supuestamente se conocían hacía años pero que luego resultó que se conocían desde julio pasado.

Además, ambas mujeres entraron en claras y serias contradicciones sobre su nivel de afinidad, calidad y disposición de tiempo para custodiar al hombre, sin que nadie lo planteara o abundara. También fue evidente la representación poco enérgica del estado a través del fiscal Israel Umpierre Chaar quien, aunque objetó la reducción, nunca ofreció al juez ver el vídeo ni insistió con argumentación a favor de la víctima.

La trabajadora social del Programa de Servicios con Antelación al Juicio, Sharon Mojica Rivera, insistió en que si se concedía la rebaja de fianza se mantuvieran las condiciones, lo que prevaleció.

El juez Ramos Junquera fue enfático en preguntar- “¿Alguna de las partes quiere traer algo a la atención del tribunal antes de que el tribunal resuelva?” No se hizo.

Lo hizo, sí, Umpierre Chaar en la vista de revisión de fianza celebrada el 8 de diciembre, pero teniendo que explicar por qué no lo hizo antes y en compañía de un refuerzo, el fiscal Gabriel Redondo Miranda, a quien Ramos Junquera disparó la descarga: “Fiscal Redondo, en el día de hoy ustedes están presentando una prueba que no presentaron la vez anterior. Eso es lo que yo tengo que reconsiderar, esa prueba que me están presentado hoy, que no estuvo la vez anterior”, dijo.

El abogado de Aponte Colón cuestionó el cambio de opinión que a todas luces se avecinaba por parte del juez Ramos Junquera.

Al argumentar que el panorama contra el imputado había cambiado públicamente, el licenciado Morales Schmidt advirtió las razones: “Los recursos estaban disponibles. Estaban en sala. Voy a ser claro y para el récord. Ahora la presión pública le dice que no, que tenía que sentarlos aquí (a los recursos disponibles). El sistema de justicia no se puede regir por la opinión pública. Para eso entonces eliminamos los jueces, los fiscales… De una vez se arresta, lo metemos preso y se acabó el asunto”, dijo.

“Las críticas que hay son injustificadas. La fianza es una garantía de comparecencia. El estado ahora quiere relitigar el asunto”, dijo Morales Schmidt.

“Tengo que darle espacio al estado. La regla lo provee”, respondió un juez mucho más flexible que en la vista previa y más explicativo de sus determinaciones.

Distinto también a la vista previa, el juez incluso exhortó en varias ocasiones a la fiscalía a preguntar.

“Fiscal, pregunte…. Fiscal, pregunte… ”, expresó ante el silencio prolongado de la fiscalía. En un momento indicó que “puede hacer todas las preguntas, todas las preguntas que quiera”, a pesar de que había sido enfático en que la vista no podía prolongarse más allá de la 1:00 pm.

Férrea defensa del juez a su rol

El juez Ramos Junquera, un exfiscal, pareció ser más consciente en esa vista del impacto que había tenido la determinación de bajarle la fianza al hombre que golpeó a su padre. Aseguró que en esa vista fue la primera vez que vio el vídeo de la agresión.

“Tengo que confesar que es impactante, licenciado. Hoy, yo le tengo que confesar que yo no tengo redes sociales y me abstengo de ver noticias locales por razón del trabajo que hago, que juramenté. Si hubiese sido en contrario, que yo me pongo a ver noticias, redes sociales, aquello o lo otro, y yo hubiese visto ese vídeo, yo hubiese estado prejuiciado. Por lo tanto, es la primera vez que yo veo esto”, aseveró, respondiendo indirectamente a los reclamos públicos de este caso.

La defensa argumentó que los hechos del 29 de noviembre “fueron un incidente aislado como parte de una discusión”. “Lo vi, por primera vez, hoy”, repitió el juez.

“Esas cosas pasan”

La defensa aseguró que lo ocurrido el día de la agresión “fue un problema entre padre e hijo… esas cosas pasan. El lo llevó a la casa…. no lo dejó tirado allí’. Don Rafael fue tirado en la parte trasera del vehículo de mala manera, según demuestra el vídeo que alegadamente, hasta ese día no había visto el juez.

“El tribunal ante la naturaleza de las circunstancias de cómo se cometió el delito y lo digo sin que me quede nada por dentro, en el calor pues alguien puede darle un puño a alguien pero darle un puño y licenciado, tirarlo en el cajón de la guagua como se ve en ese vídeo, no es de un hijo a un padre. Muestra un desprecio por el prójimo bien grande”, expresó.

Acto seguido, reestableció la fianza original de $50,000, la que su defensa pidió sin éxito que se bajara a $5,000. “Me mantengo en mi determinación. Tirar a un ser humano en un cajón demuestra peligrosidad y menosprecio por el prójimo de una manera inimaginable”, expresó.

Tras permitirle a la defensa consultar con el imputado sobre su capacidad de prestar la fianza que PSAJ ya había dicho tendría que ser costeada sin el privilegio del estado, el licenciado Morales Schmidt indicó que no se prestaría la fianza.

“Señor alguacil…”, respondió el juez de acuerdo a la grabación obtenida por este diario digital, en colaboración con Jugando Pelota Dura. Tras ordenar el ingreso a una institución, el juez aceptó la recomendación de la defensa de que el hombre recibiera custodia protectora.

“Sabemos cómo son las cárceles”, dijo el licenciado. El juez ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación que velara por su vida “y bienestar corporal”.

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Escuche aquí las tres vistas de este caso, tras la liberación de las grabaciones solicitadas por NotiCel al tribunal.