El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas alertó que la escalada de violencia, los desplazamientos, la inestabilidad económica y las interrupciones en la producción local de alimentos están provocando un «hambre récord» en Haití.

PUERTO PRINCIPE — La crisis humanitaria avanza en Haití cuando este 25 de abril se cumple un año de la toma de posesión del Consejo Presidencial de Transición, con los objetivos principales de frenar la violencia, celebrar elecciones y llevar a cabo reformas constitucionales en el país.

Este mismo jueves, víspera de la efeméride, la organización humanitaria Plan International recordó que 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, se exponen a la inseguridad alimentaria aguda, lo que, destacó, «significa que la niñez haitiana ya está muriendo de hambre y de enfermedades relacionadas con esta problemática».

«Durante las crisis alimentarias, siempre es la niñez, especialmente las niñas, quienes más sufren. Cuando el hambre extrema golpea a la población, las niñas son las últimas en comer y las que menos (lo hacen) y corren un mayor riesgo de ser obligadas a contraer matrimonio precoz. Son las primeras en abandonar la escuela y, a menudo, las últimas en volver, mientras las familias luchan por alimentar a la familia», advirtió en un comunicado Unni Krishnan, director humanitario global de Plan International.

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Ya la semana pasada, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas alertó que la escalada de violencia, los desplazamientos, la inestabilidad económica y las interrupciones en la producción local de alimentos están provocando un «hambre récord» en Haití, lo que aumenta unas necesidades que «superan los recursos disponibles».

Según el más reciente informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, en sus siglas en inglés), se estima que hasta junio próximo 5.7 millones de personas experimentarán inseguridad alimentaria aguda, de las cuales más de 2 millones afrontarán hambre en nivel de emergencia y 8,400 encararán el nivel de catástrofe (escasez extrema de alimentos, desnutrición aguda grave y riesgo de inanición).

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La inseguridad alimentaria va en aumento en Haití, algo en lo que juegan un importante papel la inflación y también el control que las bandas armadas ejercen en las carreteras. Grandes cantidades de productos agrícolas de las provincias se pudren, al no poder llegar a la capital.

Todo se encarece en Haití y, a modo de ejemplo, se llega a sextuplicar el precio del transporte público, en parte por los peajes impuestos por las bandas criminales en las carreteras en los que exigen grandes sumas de dinero a los conductores.

Deportados a Haití, pese a la crisis y la violencia

Entre los grandes afectados por la crisis alimentaria y humanitaria están los desplazados a causa de la violencia en Haití, donde más de un millón de personas, de ellos más de la mitad niños, han tenido que abandonar sus hogares.

Algunos menores han podido marchar fuera del área metropolitana de Puerto Príncipe, en un 85% bajo control de las bandas delictivas armadas, pero otros muchos viven en refugios donde escasean servicios como el agua, la electricidad o la atención sanitaria y donde la insalubridad es la nota general.

Mientras tanto, continúan las deportaciones a Haití, en especial desde la vecina República Dominicana, y en mayor número desde octubre pasado, luego de que el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenara la expulsión masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana.

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Según datos oficiales de la República Dominicana, desde que se tomó esta medida más de 180,000 haitianos han sido deportados a su país, pese a la crisis multidimensional y la extrema violencia que solo el año pasado causó más de 5,600 muertes.

La situación de las deportaciones desde Santo Domingo se ha agudizado aún más con una nueva serie de medidas, entre ellas un protocolo que entró en vigor el pasado lunes en 33 hospitales públicos dominicanos conforme al cual se verifica que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, son deportados, lo que afecta especialmente a embarazadas y parturientas.

También, en una entrevista con EFE, la representante especial para Haití de Naciones Unidas, la ecuatoriana María Isabel Salvador, expresó su temor a que, dentro de la política de expulsiones de la Administración estadounidense, aumenten las deportaciones de haitianos desde EE.UU. y que «estas personas vuelvan a vivir en condiciones muy precarias y muy inseguras».

A todo ello hay que sumar las previsiones para 2025 del Banco Mundial, que pronostica para Haití una contracción del -2.2%, lo que hace que las perspectivas no sean muy halagüeñas.

Haití vive una catástrofe humanitaria que, según Plan International, «está trágicamente infravalorada y peligrosamente infrafinanciada (…) Es hora de actuar: están en juego las vidas de cientos de miles de personas en todo el país».