La ambientalista hondureña murió en 2016

El tribunal de sentencia retrasó hoy hasta este sábado el juicio por el asesinato en 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres contra ocho acusados debido a la presentación de un nuevo recurso que deberá conocer la Sala Constitucional y deja al margen a la defensa privada.

El juicio oral y público estaba fijado para este viernes en el tribunal de sentencia de la capital hondureña tras tres aplazamientos, pero un nuevo recurso retraso su inicio, afirmó a Efe la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars.

La presentación del recurso ante la Sala Constitucional por abogados de la familia de la líder indígena obligó al tribunal de sentencia a posponer el comienzo del juicio hasta este sábado, añadió.

Es la tercera vez que la familia de Berta Cáceres insiste en recusar al tribunal de sentencia aduciendo que ‘no tiene competencia para conocer la causa’, señaló.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ‘no ha admitido el recurso’, pero ello ‘no impide’ que comience el juicio, explicó Villars.

En caso de que la Sala Constitucional admita el recurso con suspensión del acto reclamado, ‘se suspendería el proceso y se eliminaría lo hecho’, añadió.

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Los imputados por el asesinato son Mariano Díaz (oficial del Ejercito), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energetico (DESA,) a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroelectrica Agua Zarca.

Se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.

Todos son acusados por el Ministerio Público por el asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huesped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.

La ambientalista hondureña, una maestra de 43 años ganadora del prestigioso premio ambiental Goldman, se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

La abogada Celeste Cerrato, representante de uno de los acusados, dijo a periodistas que los abogados de la familia de la líder indígena quedan al margen del juicio al no presentarse al inicio del proceso.

Explicó que a petición del Ministerio Público y la defensa de los imputados, el tribunal de sentencia declaró ‘el abandono por parte de los acusadores particulares, pues habían sido notificados’ del inicio del juicio, lo que tambien confirmó el portavoz de la Fiscalía hondureña, Yuri Mora.

La organización defensora de los derechos humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió este viernes a Honduras transparencia y la publicidad del juicio por el asesinato de Cáceres.

El Cejil indicó en un comunicado que dentro de los obstáculos dispuestos por el tribunal de juicio a la representación de las víctimas se encuentra la prohibición de que las audiencias sean transmitidas públicamente.

La organización afirmó que esta disposición ‘niega la difusión amplia’ del proceso e ‘impide a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional conocer lo que acontece en el mismo’.

El Cejil anunció que presentó un Amicus Curiae (opinión tecnica jurídica) ante el tribunal de sentencia, para exponer las razones por las cuales a un juicio de estas características se le debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, de acuerdo con estándares internacionales.

Por este crimen, que conmocionó a organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, tambien está detenido desde marzo el presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien es señalado como presunto autor intelectual del asesinato en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.