La Justicia de EE.UU. procesó hoy miercolesal congresista demócrata Chaka Fattah y a cuatro de sus colaboradores acusados de apropiarse de cientos de miles de dólares de fondos públicos o destinados a obras de caridad y campañas políticas con el objetivo de fortalecer sus intereses políticos y financieros.

Fattah, quien representa a uno de los distritos de Pensilvania en la Cámara Baja federal, está presuntamente implicado en una red de fraude de gran alcance, que incluyó sobornos, uso ilegal de fondos y comenzó en 2007 cuando el legislador emprendió una fallida campaña política para convertirse en alcalde de Filadelfia.

Según informó en un comunicado el Departamento de Justicia, en 2007 Fattah y sus cómplices supuestamente recibieron un millón de dólares de un seguidor, haciendo pasar los fondos como un préstamo a una consultora y, al no lograr la alcaldía, devolvieron a su donante los 400,000 dólares que no habían utilizado en la campaña.

Los otros 600,000 dólares se devolvieron a través de una entidad sin fines de lucro dedicada a ayudar a estudiantes a acceder a la educación superior, que estaba bajo su control y que obtenía sus fondos de donaciones de caridad y subsidios federales, según la Fiscalía.

La acusación sostiene que Fattah, de 58 años, y sus cómplices crearon contratos ficticios y falsificaron registros contables, así como declaraciones de impuestos para conseguir ocultar los diferentes fraudes que supuestamente perpetraron durante años.

Asimismo, entre 2007 y 2011 el legislador se apropió de fondos de sus campañas políticas para pagar la deuda de los estudios de su hijo, según la Fiscalía.

Los acusados, sobre los que pesan 29 cargos, son además del congresista, el lobista Herbert Vederman, de 69 años y procedente de Palm Beach (Florida); uno de los colaboradores del congresista Bonnie Bowser, de 59 años y originario de Filadelfia; Robert Brand de 69 años y también de esta ciudad; y por último Karen Nicholas, de 57 años y de Nueva Jersey.

‘Cuando los funcionarios electos traicionan la confianza depositada en ellos por el público, la Justicia hará todo lo posible para asegurarse de que tienen que rendir cuentas’, advirtió la auxiliar del fiscal general Leslie R. Caldwell.

‘La corrupción pública tiene un alto precio en nuestra democracia porque socava la creencia básica de que los líderes electos están comprometidos con el servicio al interés público y no ocupan su puesto para llenarse los bolsillos’, concluyó.