Los Ángeles, EE.UU. – La fiscalía solicitó hoy viernes la pena de muerte para el acusado de un tiroteo ocurrido en 2013 contra agentes de seguridad en el aeropuerto de dicha ciudad estadounidense que cobró la vida de un oficial salvadoreño.

Paul Anthony Ciancia, de 24 años, está acusado del asesinato en primer grado de Gerardo Hernández, un oficial de la Dirección de Seguridad en el Transporte (TSA) que se convirtió en el primer agente muerto en servicio desde que dicha agencia fuera creada luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

‘Ciancia actuó con la intención de que sus crímenes infundieran miedo en los corazones de los empleados de la Dirección de Seguridad en el Transporte y para disuadirlos del cumplimiento de sus funciones’, argumentó la fiscalía en su petición de pena de muerte.

La solicitud, encabezada por la fiscal Stephanie Yonekura, encargada del Distrito Central de California, argumenta que Ciancia ‘conscientemente buscó crear un grave riesgo de muerte para una o más personas’, además del agente Hernández.

En noviembre de 2013 Ciancia entró a un área de registro reservada para pasajeros en el terminal 3 de LAX portando un rifle de asalto y disparó contra Hernández, de 39 años, hiriéndolo mortalmente.

Un mes después, Ciancia, quien fue herido y capturado por las autoridades luego de disparar contra otras personas, se declaró inocente de 11 cargos graves, tres de ellos por asesinato e intento de homicidio.

‘Al cometer sus crímenes una mañana entre semana en una terminal llena, en uno de los aeropuertos más activos del mundo, Ciancia aterrorizó a numerosos pasajeros de líneas aéreas y a los empleados del aeropuerto haciéndoles temer por su vida y experimentar una angustia emocional extrema’, señaló la Fiscalía.

Una investigación realizada por la Fuerza Unida Especial contra Terrorismo de Los Ángeles liderada por el FBI, que incluye agencias locales, estatales y federales, encontró en marzo de 2014 que las distintas agencias de control de la ley que respondieron al ataque no pudieron comunicarse entre ellas.

En abril del año pasado, la esposa y los dos hijos de Hernández presentaron una demanda de 25 millones de dólares contra la ciudad alegando fallas en la seguridad del personal del aeropuerto.