El expresidente conservador Nicolas Sarkozy fue llamado hoy a declarar ante la Policía Judicial de Nanterre, localidad cercana a París, sobre un caso de presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción.

Los agentes, según indicaron los medios franceses, le pusieron en régimen de ‘garde à vue’, una medida inédita para un antiguo mandatario y durante la cual está bajo la jurisdicción de la Policía judicial y con asistencia letrada, lo que permite interrogarle hasta 48 horas.

Los investigadores intentan determinar si el exjefe de Estado y su entorno crearon una ‘red’ de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazaban al político conservador y jefe del Estado francés entre 2007 y 2012.

Sarkozy llegó a la sede policial poco después de las 08:00 hora local (06:00 GMT) y un día después de que también fueran interrogados su abogado, Thierry Herzog, y dos altos magistrados del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, que siguen en régimen de detención provisional.

De Azibert, cercano al letrado del expresidente, se sospecha que recababa información de consejeros del Tribunal Supremo sobre los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó a Sarkozy al Palacio del Elíseo.

Según esa teoría, el defensor de Sarkozy le prometió como contrapartida que el expresidente le ayudaría a conseguir un puesto en la administración de Mónaco que buscaba.

En el llamado ‘caso de las escuchas’ se investiga, entre otros asuntos, si el político conservador recibió financiación ilegal para su campaña presidencial de parte de la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L’Oréal, Liliane Bettencourt, y del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi.

La investigación estaba relacionada, en origen, con las pesquisas abiertas en abril de 2013 para determinar si parte de la campaña que le llevó al cargo en 2007 fue financiada por el régimen libio.

Las escuchas a las que fue sometido Sarkozy posteriormente condujeron el pasado febrero a la apertura de una investigación judicial por los cargos de ‘violación del secreto del sumario’ y de ‘tráfico de influencias’.