TRÍPOLI – Las autoridades libias no entregarán al hijo de Muamar al Gadafi, Saif al Islam, a la Corte Penal Internacional (CPI), aseguró hoy el ministro de Justicia interino, Mohamed al Alagui, tras reunirse con el fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo.

Según unas declaraciones recogidas por la agencia oficial libia, WAL, Al Alagui subrayó que ‘la ley libia aclara la competencia de los jueces libios en el procesamiento de sus ciudadanos’.

Asimismo, el ministro comentó que en la reunión con Ocampo intercambiaron sus opiniones sobre el procesamiento de Al Islam, detenido en el sur del país el pasado día 19.

El fiscal general de la CPI, se reunió hoy con el primer ministro interino libio, Abderrahim al Kib, para tratar dónde serán procesados tanto Al Islam, como el ex jefe de los servicios secretos, Abdalá al Senusi, sobre quienes pesa una orden de detención del tribunal internacional por posibles crímenes de lesa humanidad.

En un comunicado antes de su llegada a Trípoli, Ocampo adelantó que hablaría con las autoridades libias y buscaría ‘información sobre los procesos legales y nacionales que proponen’ para juzgar a Al Islam y Senusi.

Fuentes de la delegación han asegurado a Efe que la agenda es confidencial y que no está previsto que Ocampo ofrezca una rueda de prensa.

No obstante, fuentes libias cercanas a la delegación que acompaña a Ocampo aseguraron que el fiscal de la CPI podría viajar a Zintan, a unos 150 kilómetros al sur de Trípoli, donde se encuentra detenido Al Islam.

Según la fuente, Ocampo viajará acompañado del fiscal general libio, Abdelaziz al Hisaidi, y se reunirá con el jefe del consejo militar de dicha localidad, aunque esta información no ha podido ser confirmada oficialmente.

El objetivo del viaje es conocer las condiciones en las que se encuentra arrestado Al Islam, que estaba llamado a suceder al difunto dictador Muamar al Gadafi, antes del estallido de la revuelta popular que comenzó el 17 de febrero y que acabó con el régimen de Gadafi.

En el comunicado difundido esta mañana por la CPI, Ocampo aseguró que las autoridades libias ‘están obligadas a cooperar con la CPI’ y que tanto Al Islam como el ex jefe de la inteligencia libia ‘deben rendir cuentas ante la justicia’.

Tras las órdenes de arresto emitidas el pasado junio por la CPI contra Al Islam y Senusi, ‘la cuestión de dónde se celebrarán los juicios tiene que resolverse a través de consultas con la Corte y finalmente serán los jueces quienes decidan’, explicó el fiscal.

El pasado 19 de noviembre, poco después de la detención de Al Islam el ministro libio de Justicia ya había subrayado a Efe que el hijo de Gadafi sería juzgado en Libia.

Las declaraciones de Al Alagui fueron respaldadas dos días después por el vicepresidente y portavoz del CNT, Abdelhafiz Ghoga, que insistió en una rueda de prensa que ambos exdirigentes serían procesados en territorio libio por un tribunal libio.

La CPI tiene competencias para juzgar crímenes siempre y cuando los mismos no sean perseguidos por las autoridades judiciales nacionales.

En este caso, las posibles investigaciones llevadas en Libia serán posteriores a las de la CPI, por lo que Libia tendría que ‘retar’ formalmente la competencia del Tribunal de La Haya, y los jueces de la corte deberán pronunciarse al respecto.