Thomas Rivera Schatz dijo que el proyecto propone que los programas o políticas públicas que ayudan al desarrollo económico de Puerto Rico se mantengan y crezcan.
Proyecto del Senado 1514 es de la autoría de Thomas Rivera Schatz. (Suministrada)
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Asociación de Constructores de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda y la Asociación de Industriales, entre otros, consignaron hoy su apoyo al Proyecto del Senado 1514, que enmendaría el Código de Incentivos para las Zonas de Oportunidad.
La medida del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz tiene como objetivo proteger las designaciones vigentes y ajustar las definiciones de zona elegible, zona de oportunidad y fondo para evitar contradicciones en la política pública y dar continuidad al programa. Actualmente, las áreas designadas abarcan cerca del 98% del territorio de Puerto Rico
El proyecto redefine el término “fondo” para que su cualificación dependa de los requisitos del Código y de los parámetros del DDEC y no de la certificación federal en el 2025 se establecieron rondas de designación cada 10 años a partir del 1 de enero de 2027 y limitó a Puerto Rico a designar hasta el 25% de sus sectores censales elegibles.
El DDEC informó que se han otorgado 49 decretos bajo las Zonas de Oportunidad, pero no reveló el impacto económico de estos.
“Este proyecto no propone ignorar las disposiciones federales, tampoco ignorar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Lo que propone es que programas o políticas públicas que ayudan al desarrollo económico de Puerto Rico se mantengan y crezcan”, afirmó Rivera Schatz.
Entre los incentivos locales que se preservarían está la tasa preferencial de 18.5% en la contribución sobre ingresos y un crédito contributivo transferible de entre 5% y 25% sobre la inversión elegible. Asimismo, el “Fondo” tendrá que mantener el 90% de sus activos en propiedades ubicadas en Zonas de Oportunidad. Además, añade a la política pública favorecer proyectos de vivienda asequible para la clase media trabajadora y los jóvenes profesionales.
La Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) reconoció el valor de las Zonas de Oportunidad para atraer inversión y facilitar proyectos de vivienda asequible, y recomendó que la medida se evalúe a la luz del marco federal vigente y sus criterios de elegibilidad. PRIDCO dio deferencia a las recomendaciones del DDEC por tener a su cargo implementar el Código de Incentivos.
Daniel Vélez Cabrera, asesor legal del DDEC, recomendó precisar qué entidad certificará y fiscalizará los fondos, fijar criterios mínimos para los proyectos prioritarios de vivienda, como cantidad de unidades, límites de precio y niveles de ingreso, y establecer reglas claras de reinversión.
“Si como parte del texto legislativo tienen una sugerencia adicional específica para que no haya choque, pues que la traigan, pero no la escucho ni la veo en la ponencia”, señaló Rivera Schatz.
Vélez Cabrera respondió que el DDEC recomienda que esos asuntos se aclaren en la propia ley y no solo mediante reglamentación.
El Departamento de la Vivienda, por su parte, endosó los propósitos de la medida y recomendó atender las observaciones de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), a cuyo criterio dio deferencia.
Lumar Ayala Molina, en representación de Vivienda, destacó que mantener bajo un mismo nombre dos delimitaciones territoriales distintas puede confundir a los inversionistas y dificultar la auditoría de los proyectos. También recomendó evaluar la viabilidad financiera de los proyectos que contarían solo con incentivos locales y establecer criterios de revisión periódica de las zonas.
Ayala Molina sostuvo que Vivienda mantiene 28 proyectos con 4,420 unidades bajo el Programa de Créditos Contributivos para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC) y 16 proyectos con 1,309 unidades bajo la Iniciativa de Desarrollo de Viviendas Unifamiliares (SFHDI). Aclaró que no todos cualificarían como Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad.
La Asociación de Constructores de Puerto Rico, endosó el proyecto, mientras sostuvo que los beneficios de la Ley 60-2019 son de carácter local y distintos de los federales, por lo que su continuidad no debe depender de los cambios al programa federal. Pinsy Rivera Ortiz recomendó sustituir el término “vivienda asequible” por “Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y de Repoblación de Puerto Rico”, conforme a la Ley 100-2025.
De igual forma, Rubén Ríos, representando a la Asociación de Industriales, también favoreció la medida porque preserva los incentivos locales y promueve el desarrollo de vivienda.
Ambas asociaciones señalaron que el Comité de Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad, de composición interagencial, ha retrasado la aprobación de decretos y créditos. Por ello, propusieron que las solicitudes las evalúe el Comité de Revisión de Incentivos Económicos (CRIE) del DDEC y que la decisión final recaiga en el secretario de la agencia, sin aumentar los porcentajes de crédito.
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