Surgieron cuestionamientos sobre las amplias injerencias que recaerían en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Las deliberaciones públicas relacionadas a dos propuestas radicadas en el Senado para atender el abatido sistema para obtener permisos para una amplia gama de proyectos en Puerto Rico comenzaron y, enseguida, salieron a flote unas interrogantes, particularmente, sobre la medida 1183 de administración que sometió La Fortaleza.

El presidente senatorial Thomas Rivera Schatz sometió para consideración el Proyecto 1173 dirigido a simplificar el sistema de permisos. Mientras tanto, el enviado por la gobernadora Jenniffer González Colón tiene como objetivo una reforma completa de los procesos.

Sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre las amplias injerencias que recaerían en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“Aunque en principios todos parecen que están en sintonía con agilizar los permisos, hay unos elementos fundamentales. Por ejemplo, quién va a decidir y cómo. Quién tendrá la última palabra es importante. Cuál será la mecánica en cuanto a los que tienen interés en proteger el ambiente, la operación y quién será el custodio de que, en efecto, se proteja y atienda. También si hay un mecanismo de revisión que será igualmente ágil o rápido”, señaló Rivera Schatz.

El presidente del Senado apuntó que ambos proyectos persiguen un mismo fin que es agilizar los procesos para tramitar permisos, aunque por senderos distintos. La iniciativa de González Colón derogaría 14 leyes y enmendaría otras 29.

“El proyecto de administración lo que hace es que compila en un solo lugar todas las leyes que de alguna manera inciden en el tema de los permisos. Tiene una cláusula de supremacía que no es la típica que se incluye en las leyes. Tendrían una especie de autoridad absoluta al amparo de esa cláusula y eso habría que mirarlo don detenimiento. El proyecto que presenté está dirigido a lo operacional, el de administración compilar en un solo lugar todas las leyes, establecer unas jerarquías, unas estructuras bajo el DDEC”, sostuvo Rivera Schatz, quien tiene reservas sobre la intención de que se concentren tantos poderes bajo una estructura.

“Eso siempre tiene sus problemas, eso lo vamos a mirar y sobre la marcha a trabajar. No queremos que un ente del gobierno tenga absoluto poder de decidir o imponer. Queremos un balance justo y lo vamos a lograr”, agregó.

Ramón Barquín, presidente del Centro Unidos de Detallistas (CUD) advirtió que el Proyecto 1183 podrían tener como consecuencia la centralización de decisiones que recaerían sobre el secretario del DDEC y podría tener como efecto un mayor grado de burocracia.

“Hicimos unas recomendaciones puntuales y específicas que incluyen la Ley de Supremacía que es importante porque no se puede excluir la participación ciudadana. No se puede excluir a las PYMES y específicamente el Ombusman. No se puede dejar tan amplio que sea una oficina o un ejecutivo que tenga esa discreción”, dijo.

Asimismo, recalcó durante su ponencia en el Capitolio sobre la necesidad de unificar, simplificar y modernizar los procesos para solicitar los debidos permisos para hacer negocios en la isla. Aunque no se comprometió a favorecer un proyecto por encima del otro, repitió que estará en manos de la asamblea legislativa encontrar los puntos medios para que se complementen y surge un código que atienda las preocupaciones del sector privado.

“Ambos proyectos tienen unos objetivos muy loables. Uno simplifica grandemente el proceso y trabaja con la jerarquía con un marco reglamentario mayormente existente. El 1183 es una reforma completa sin precedente con una cantidad enorme de legislación y reglamentación que afecta. Ahora se va a enriquecer”, dijo Barquín, quien reconoció que firmó un memorial de entendimiento redactado por la gobernadora a pesar de que aún no había leído las 819 páginas del proyecto de administración.

En el primer día de vistas públicas también compareció el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, como presidente de la Federación de Alcaldes. La organización ofreció endosos a ambas medidas condicionado a que se integren unas recomendaciones dirigidas a salvaguardar las autonomías de los municipios.

“Es necesario asegurar nuestra participación en decisiones que impactan directamente nuestras comunidades, así como proteger nuestras facultades contributivas, que son la base para ofrecer servicios esenciales. La reforma tiene que fortalecer la capacidad municipal, no debilitarla”, explicó Hernández Rodríguez.

Rivera Schatz adelantó que en agenda queda citar a otras organizaciones para presentar ponencias a favor o en contra de las propuestas. Sin embargo, aclaró que no citará a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El proyecto de administración propone crear 29 nuevas posiciones. La Oficina Central de Permisos (OCP) asumiría y consolidaría las funciones dispersas en múltiples agencias. Además, incorporaría 17 nuevos Oficiales de Proyectos, un Gerente y un Especialista con un efecto fiscal estimado de $1,035,457.

La Oficina de Agrimensura de Puerto Rico se constituye mediante la transferencia de 10 empleados de la Junta de Planificación y cinco nuevas contrataciones especializadas en sistemas de información geográfica y agrimensura a un costo de $212,099.

La Oficina de Atención y Resolución de Querellas absorbería 13 empleados de la Junta de Planificación y cinco nuevas contrataciones, incluyendo inspectores de cumplimiento y un abogado senior. Dentro de esta oficina se crea el Panel de Fiscalización y Cumplimiento, compuesto por siete nuevos miembros con una dieta de $85 por reunión quincenal a un costo estimado de $274,668.

La Junta de Revisiones Administrativas se expande de tres a cinco miembros con dos nuevas posiciones a razón de $209,100. El efecto fiscal total estimado de las nuevas contrataciones asciende a $1,731,323 anuales.

“La Junta no viene a deponer nunca. En amparo a la Ley Promesa podemos consultar, preguntar ciertos aspectos que fue lo que hicimos con la reforma contributiva y lo podemos hacer ahora también”, insistió Rivera Schatz.

Por otro lado, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR) sometió una comunicación escrita aclarando que no ha expresado un respaldo al proyecto de permisos presentado por la gobernadora.

“Nuestra institución se encuentra actualmente en un proceso formal de evaluación del proyecto, enfocado en analizar sus implicaciones desde el punto de vista técnico, profesional y de política pública. Este análisis incluye, de manera prioritaria, los efectos que cualquier reforma pueda tener sobre la planificación responsable, la protección del ambiente, la resiliencia de nuestras comunidades y el desarrollo sostenible del país”, dijo Olga Angueira, presidenta del Colegio.