20 de marzo de 2013, San Juan Puerto Rico, Conferencia de Prensa del Superintendente de la Policia Hector Pesquera, el gobernador de Puerto Rico y Agencias Federales sobre incautacion de cargemento de drogas en las aguas caribeas. En la foto el Cuartel General de la Policia Josian E Bruno Gomez / NotiCel
Las investigaciones administrativas ordenada contra dos miembros de la Policía de Puerto Rico continúan sus respectivos cursos. Se anticipa que las mismas concluirán dentro de los términos establecidos por los reglamentos para proceder a presentar las debidas conclusiones.
La primera pesquisa surgió a raíz de una querella presentada contra el coronel Carlos Cruz Burgos por, presuntamente, acosar sexualmente a una mujer, también integrante de la Uniformada. Cruz Burgos es el jefe de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales (SAOE).
La segunda es contra el oficial Giancarlo Pérez por utilizar una pistola de descarga eléctrica en una mujer que se encontraba esposada. El agente alegó que la mujer lo agredió, por lo que le aplicó una descarga con el dispositivo para sacarla arrestada de su vehículo. Luego, cuando la mujer ya estaba esposada y recostada sobre el bonete de un vehículo, el agente alega que fue pateado, por lo que le aplicó una segunda descarga.
“Con relación a las investigaciones administrativas, nos cobija el reglamento 9088 porque son confidenciales. Puedo adelantar que está bastante adelantadas en términos de testimonios y declaraciones, pero no puedo abundar sobre la investigación como tal”, dijo el coronel José Ramírez, de Responsabilidad Profesional.
“El coronel Cruz está agotando la licencia regular y el compañero Pérez continúa trabajando”, apuntó.
En la querella administrativa contra Cruz, se alega que acosó sexualmente a la mujer. Las circunstancias, fecha y otros detalles no han sido compartidos.
“Tenemos 90 días para finalizar investigaciones con unas extensiones de 30 días hasta 180 días para hacer una determinación final. Dependiendo de cómo siga la investigación, se determinará si necesitamos extender los procesos hasta llegar a los 180 días, si fuera necesario. Si no, terminamos tan pronto tengamos toda la prueba necesaria”, agregó Ramírez.
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