Además, la adquisición de propiedades dificulta el panorama para los estudiantes que se quedan sin vivienda accesible durante sus años de estudio en la UPR

El residente en Río Piedras Elliott Lassy Lugo indicó, durante conferencia de prensa ofrecida en el Comité del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que teme ser desplazado de su hogar, nuevamente, tras la llegada de inversionistas a la comunidad.

Como parte de la conferencia, Lassy Lugo señaló que, anteriormente, fue desplazado de su apartamento en Santurce, debido a inversionistas cobijados por la Ley 22. Actualmente, enfrenta dificultades tras la compra del Condominio La Torre en el que reside en Río Piedras.

“Yo no quiero pasar esa experiencia otra vez, de ser desplazado de mi hogar por inversionistas de afuera”, compartió el residente Lassy Lugo.

La Ley 22, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, concedió exenciones contributivas sobre ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advienen residentes de Puerto Rico. La ley establecía que concederían estas exenciones hasta el 31 de diciembre de 2035.

El nuevo dueño del Condominio La Torre es Thomas Axon, quien representa a Fortaleza Equity Partners 2. Según Lassy Lugo, ya la gerencia comunicó que las rentas aumentarán, y los precios pueden ascender a $1,000 mensuales. Asimismo, los aumentos serán de $100 a $300, y el precio final no incluye agua ni luz.

De igual manera, en Río Piedras hay ocho propiedades adicionales que han sido compradas por Puerto Rico Flips cuya presidenta es Kira Golden.

La adquisición de estas propiedades dificulta el panorama para los residentes riopedrenses y para los estudiantes que se quedan sin vivienda accesible durante sus años de estudio en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPR).

Pese a la Ley 22, en 2019, la Ley 60, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, consolidó decenas de decretos, incentivos, subsidios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes, entre los que se encontraban la Ley 20-2012 y la Ley 22-2012. Según Microjuris, el objetivo de la consolidación en una misma ley era “promover el ambiente, las oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico”.

“Aquí culturas y ciudades enteras se van. Esto no es solo un desplazamiento, sino una forma de violencia. Tenemos que verlo como violencia racista y clasista, ya que parte de su inversión es desplazar a gente pobre”, puntualizó Lassy Lugo.

El licenciado y líder del PIP Adrián González Costa abundó sobre una ley que cobija a los riopedrenses, y que no se promueve: la Ley 75-1995, conocida como “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”. Esta ley propuso la revitalización del casco urbano de Río Piedras, y obliga al municipio a darle promoción en el sector comercial sobre los incentivos económicos que existen para los comerciantes que decidan establecer su negocio en el casco urbano de la comunidad.

Para abundar en la explicación del licenciado, Lassy Lugo indicó que la Ley 75 también protege a las personas que viven en la comunidad.

“Ya se salieron (los inversionistas) de los lugares turísticos, y están en urbanizaciones de clase media en Carolina, casas en urbanizaciones en Arecibo, están por toda la isla; y eso que solo estoy hablando de estos dos (PR Flips y Fortaleza Equity Partners 2). El gobierno, como no fiscaliza el cumplimiento de de esta leyes, no se da cuenta. En algún momento habrá que hacer otra legislación, y ojalá que de rango constitucional, para que nos dejen las parcelas”, expresó el licenciado González Costa.

Vea: El PIP denuncia desplazamiento y aumento en el costo de la renta en Río Piedras