Alexis Candelario Santana, quien estuvo expuesto a la pena de muerte por la impactante masacre de La Tómbola, en la que murieron nueve personas incluyendo una bebe, consiguió que un tribunal apelativo le revocara su sentencia perpetua por un error fundamental que cometió el juez del caso, el ya retirado Jose A. Fuste.

El sorprendente desarrollo quedó consignado en una decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston emitida hoy, miércoles, en la que, además de revocar la sentencia del narcotraficante Candelario, sostienen la perpetua que recibió su coacusado, el gatillero David Oquendo Rivas.

La base para la revocación de la sentencia de Candelario fue el derecho a un juicio público y a que la ciudadanía pueda presenciar todas las etapas de estos procesos como medida de transparencia y como fiscalización al propio sistema.

El error cometido por Fusté conllevó la trama de que, uno de los días del juicio, el magistrado dio por terminado los trabajos del día y las partes hicieron como que se iban cuando, realmente y una vez la sala estaba vacía de público y prensa, recibieron a un testigo que se resistía a prestar testimonio por temor a las represalias que Candelario podría tomar. El testigo entró a la sala con las partes, el juez, y el jurado, pero sin público, y prestó sus testimonio sin que Candelario le pudiera ver la cara. La objeción que plantearon los jueces apelativos a este curso de acción es que no cumple con ninguno de los requisitos para que un juez pueda vedar un proceso judicial criminal a la prensa y el público.

Para empezar, dijeron los jueces apelativos, ninguna de las partes pidió que el testimonio se recibiera a puerta cerrada -de hecho, la defensa objetó- y los hechos no demuestran que el ardid fuera necesario porque el testigo ya había aceptado que tanto los abogados de Candelario como Candelario conocían su identidad por las transcripciones de su testimonio ante Gran Jurado.

‘Los hombres malos, igual que los buenos, tienen derecho a que se les juzgue y sentencie de acuerdo a la ley’, recordaron los jueces apelativos.

El revés, y las razones para el mismo, suponen un golpe contundente a la esfera de ley y orden federal ya que, en el desarrollo del caso de La Tómbola, el propio exjefe del Negociado Federal de Investigaciones en Puerto Rico, Carlos Cases, había fustigado al sistema de justicia local porque, en 2003, seis años antes de la masacre, Candelario se declaró culpable de 12 asesinatos en las cortes estatales y sólo cumplió seis años.

Candelario no recibió sentencia de pena de muerte en este caso federal porque hubo una jurado que por razones de índole religiosa y moral no aceptó votar a favor para cumplir con la cuota de unanimidad que tiene dicho castigo. Esto, a su vez, provocó mucha discusión en la opinión pública sobre la pertinencia del castigo capital en una jurisdicción como la nuestra, en la que la Constitución prohibe dicho castigo.

La apelación incluía otros argumentos pero, excepto por lo del error del juez, los jueces apelativos no le dieron paso a esas impugnaciones ante el hecho de que, al final del día, tres testigos oculares identificaron a Oquendo como gatillero y dos oculares, además de uno que lo identificó por la voz, apuntaron a Candelario como uno de los autores de la masacre del 17 de octubre de 2009, cuyo origen fue la lucha por el control del narcotráfico en el barrio Sabana Seca.

Ahora las autoridades federales tendrán que decidir si se mueven en nuevo juicio contra Candelario o si lo dejan en libertad.

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