Un total de 410 asesinatos cometidos en Puerto Rico en lo que va de año, un aumento de cerca del 20 % respecto a 2015, supone una mala noticia para la Policía, demandada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) por la violación de derechos de la ciudadanía.

El incremento de asesinatos supone invertir la tendencia de años recientes, en los que la labor policial puso fin a tiempos en los que a diario los medios reflejaban muertes violentas y que tocó techo en 2011, que con 1,164 supuso el establecimiento de un oscuro récord de homicidios desde que se registran estadísticas.

El jefe de la Policía de Puerto Rico, José Caldero, señaló esta semana que el tráfico de drogas es la causa de los últimos crímenes registrados en laIsla, un problema que subrayó tiene su epicentro en el área metropolitana de San Juan y la de Ponce.

La oleada de criminalidad es respondida por la fuerzas del orden con un incremento de actuaciones como la del jueves, que supuso la detención de ciento veinte personas por venta de drogas y armas de fuego.

Durante la redada fueron detenidos, además, el hijo del alcalde del municipio de Ceiba. La redada policial siguió al último fin de semana, uno de los más sangrientos del año con cerca de 10 asesinatos que confirmaron un alza en la criminalidad que en los últimos años parecía relativamente controlada si se compara con 2011, fecha en la que se desataron todas las alarmas.

A partir de 2000 el País experimentó una curva ascendente en el número de asesinatos, aunque fue desde 2008, ya con el efecto de la crisis económica golpeando de pleno a la isla, cuando las cifras se dispararon hasta niveles que convirtieron a la seguridad en el principal problema de Puerto Rico.

Caldero llegó al cargo en abril de 2014, después de que desfilaran por el puesto en los últimos años 5 jefes de la Policía que por diferentes razones no contaron con continuidad.

El alza de los asesinatos coincide con la presentación de una demanda contra la Policía por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, por la violación de derechos de ciudadanos.

El director ejecutivo de ACLU Puertos Rico, William Ramírez Hernández, señaló a Efe que la demanda presentada ante el Tribunal federal de San Juan llega después de registrarse un patrón continuado de agresiones, hostigamiento y amenazas contra población de una barriada popular de Caguas, municipio del interior.

Ramírez Hernández indicó que ante ese hostigamiento la población de la Barriada Morales decidió controlar la acción policial, lo que se tradujo en una mayor presión y amenazas por parte de algunos agentes de las fuerzas del orden.

Dijo que este caso demuestra ‘la conducta impune’ de algunos agentes de la Policía de Puerto Rico y una cultura de intento de imponer el orden por la fuerza instaurada desde, prácticamente, la formación del cuerpo en la isla.

Ramírez Hernández apuntó que, además, todavía no ha sido posible poner en marcha un mecanismo civil independiente de control de la Policía, como los que existen desde hace años en la mayoría de los estados de EE.UU.

La demanda presentada esta semana es la primera contra la Policía de Puerto Rico desde la que se interpuso -por parte de la propia ACLU y el Departamento de Justicia de EE.UU.- en 2011 ante la Justicia federal por un patrón y práctica de violación de derechos civiles de la población, en especial sectores pobres, inmigrantes y la comunidad LGBT.