La anunciada entrada del servicio de transporte privado Uber a Puerto Rico el próximo lunes, 11 de julio, puso en evidencia una vez más que las agencias gubernamentales no están en la misma página.

Por un lado, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) aún evalúa un borrador para reglamentar este tipo de servicios, mientras la Comisión de Servicio Público (CSP) insiste en que si la compañía comienza operaciones la semana entrante estaría violando la ley. Sin embargo, el equipo de Uber desafió las advertencias de la Comisión alertando a sus conductores que cubrirán cualquier multa a la cual sean sometidos.

Según la CSP, Uber operaría ilegalmente exponiéndose a multas de hasta $10 mil diarios pues estima que el reglamento que evalúa el DTOP, que luego debe ser sometido al Departamento de Estado, entraría en vigor a más tardar dos meses. Sin embargo, la oficial de prensa del DTOP, Aracelys Otero Torres, indicó que no es correcto que los conductores de Uber operarán de forma ilegal.

‘Yo no tengo un marco jurídico para reglamentar. En la medida en que yo no tenga aprobado un reglamento en el Departamento de Estado, qué va a pasar? Simplemente que yo no tengo un marco jurídico que regule las empresas de red de transporte por lo que la operación de ellas no resultaría es ilegal’, explicó Otero Torres.

El equipo de Uber insistió a sus conductores en comunicación electrónica el jueves a continuar con el proceso de entrega de documentos en su plataforma, así como una orientación el próximo lunes, por la cual recibirán 80 dólares como ‘bono de lanzamiento’ a la vez que adelantaron que se encuentran activos en el proceso de verificación de antecedentes criminales.

‘Debemos terminar primero con el análisis del reglamento. Una vez tengamos esto completado entonces estaríamos próximos a someter el reglamento al Departamento de Estado según lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Nosotros no hemos hablado de multas porque, mira lo que pasa, si Uber quiere establecerse en la Isla aún sin reglamento eso es una decisión de negocio. Y es la empresa proveedora de servicios quien toma esa decisión’, insistió la portavoz de Obras Públicas.

No obstante, Otero Torres aclaró que de efectuarse el comienzo de operaciones e lunes, la empresa ‘se expone a tener algún tipo de consecuencias’ sin precisar cuáles serían las acciones contra la compañía de transporte ‘por la misma razón de no tener un marco jurídico aprobado para reglamentar’. Según reiteró, solo con el reglamento aprobado se gestiona algo concreto.

‘No, no es ilegal, recalco. Nosotros lo que estamos buscando con la reglamentación es precisamente eso, tener un marco jurídico para el beneficio y la seguridad de los ciudadanos y así poder concretar acciones’, añadió la Otero Torres. La funcionaria no avaló un llamado de cese a la implementación de servicios por parte de Uber.

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