Un lloroso Javier Muñiz Álvarez, exaspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP), se declaró culpable hoy, miercoles, de un cargo de conspiración para cometer fraude a programas federales y por fraude electrónico, en la Sala 11 del Tribunal federal en Hato Rey ante la magistrada Camille Velez Rive.

Muñiz Álvarez fue acusado en el plano federal por tres cargos de corrupción en el esquema del empresario y recaudador de fondos para el Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez. Sin embargo, el abogado del convicto, Francisco Rebollo, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para que por el cambio de declaración se desestimaran los otros dos cargos que pesaban contra él, uno por lavado de dinero y otro por destrucción de documentos.

Por su parte, el fiscal José Capó, en representación del Ministerio Público, explicó que por el cargo señalado, el convicto se exponía a cinco años de cárcel con tres años de supervisión tras ser dejado en libertad, así como una multa de hasta $250 mil. No obstante, de haber sido procesado en un juicio por los tres cargos que pesaban contra este, se exponía hasta 20 años de cárcel.

Capó indicó que tras el acuerdo, Muñiz Álvarez podría enfrentar entre 12 y 18 meses de cárcel aunque el juez que verá el caso podría recomendar hasta 30 meses de prisión.

Rebollo, por su parte, indicó en sala, que pediría la consideración del tiempo servido por Muñiz Álvarez, quien está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (MDC, pos sus siglas en inglés) desde principios de diciembre del año pasado.

A pesar de que el Ministerio Público aceptó la negociación, Capó aseguró que contaba con prueba robusta en la forma de múltiples testigos, correos electrónicos, audio y vídeo, que prueba que entre 2012 y diciembre 1 de 2015, el convicto conspiró con otros para cometer fraude contra programas federales con el propósito de dirigir contratos a empresas asociadas al principal acusado, Hernández Pérez.

Capó explicó además que existe prueba que inculpa directamente al acusado con Sally López Martínez, exadministradora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), quien recibía de este valores a cambio de un trato preferencial y avanzar contratos para las corporaciones representadas por Muñiz Álvarez.

Por este caso en particular ya se han declarado culpables Hernández Pérez, la exdirectora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia Barreto y Carlos Luna Cruz, quien ofrecía servicios de psicología a la empresa JM Professional and Training Group, empresa que tenía un contrato con la ADL.

Otroscoacusados son la exvicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón, la hermana de esta Maricelis Falcón, Víctor Burgos, exdirector de la Oficina de Sistemas de Información de la Cámara de Representantes, Glenn Rivera, excandidato al distrito de Fajardo por el PPD y empleado del Capitolio; y Xavier González, exadministrador de la Cámara de Representante y, la exadministradora de la ADL.

De acuerdo al pliego acusatorio, muchos de los acusados fueron nombrados a posiciones claves dentro de varias agencias gubernamentales por recomendación de Hernández Pérez.

Según la Fiscalía federal, luego de que se nombraron a estas personas a posiciones de confianza en las agencias, Hernández Pérez les regalaba artículos de lujo, cenas y conciertos, a cambio de que autorizaran contratos para sus compañías.