La defensa de los vecinos del Viejo San Juan argumentó el martes en contra de la solicitud de desestimación que presentó el Gobierno durante la vista de interdicto para la paralización de la obra de Paseo de Puerta de Tierra, al asegurar que el entorpecimiento a la participación ciudadana constituye un daño irreparable, e insistir en que se trata de un proceso ilegal.

‘La moción de desestimación no puede tener el efecto de impedir el remedio urgente que se solicita’, recordó el licenciado Omar Saadé, en representación de los vecinos.

La jueza Aileen Navas Auger, del Centro Judicial de San Juan, le otorgó a la parte demandante hasta el viernes para someter sus argumentos por escrito de forma que pueda tomar una determinación respecto a los planteamientos de falta de jurisdicción y de legitimación activa, que presentaron tanto el Municipio de San Juan, como la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe).

En representación de AFI, el licenciado José Torres Negrón, comentó que había falta de jurisdicción porque la alegación no cumple los requisitos necesarios de la Regla 57 para el interdicto, debido a que no se alegaba un daño irreparable. El licenciado Juarbe limitó el reclamo a un ‘daño generalizado alegado’ y a una alegación ‘tímida’ sobre la presencia de un impacto ambiental. ‘Están impedidos de pasar prueba de esos elementos porque en sus alegaciones no los contiene’, consideró ante la jueza.

Sin embargo, Saadé consideró que se trataba de una alegación frívola por parte del Gobierno, puesto que habían daños por la falta de notificación, por el cambio de usos propuestos en la zona donde residen y por la falta e acceso vehicular a sus residencias.

‘Ignoran el daño irrearable que causa la falta de oportunidad real de participar de un proyecto enorme en su sector. Los tribunales han establecido antes que son los vecinos quienes tienen el deber de velar por el entorno de su comundiad’, destacó al citar los casos de Montebello y del Municipio de Caguas contra ATT.

Al salir de sala, Saadé agregó que ‘las alegaciones de falta de daño no son otra cosa que el reflejo de la falta de sensibilidad del aparato del Estado’, que desde un principio ha realizado el proceso de forma atropellada, sin recurrir a la consulta de ubicación, ni al proceso de vistas públicas requerido por Ley.

El abogado de la parte demandante insistió en que se reorganizó todo el sistema de transporte público sin estudiar la intensificación del uso, y que tampoco se estudió el impacto ambiental de la terraza que forma parte de la estructura.