La entrada de las cámaras de vídeo a las salas de los tribunales y el espectáculo mediático que se crea con ciertos casos judiciales parecen estar influyendo en que los acusados intenten ausentarse a la lectura de su sentencia, como intentó hacer Pablo Casellas y como sucedió esta semana con el expolicía Roberto Quiñones Rivera, sentenciado a 99 años de prisión por el asesinato de su exnovia, Yexeira Torres Pacheco.

De esa forma opinó la licenciada Mayra López Mulero, representante legal de varios acusados que han sido protagonistas de juicios de alto perfil en Puerto Rico. En entrevista con NotiCel, la reconocida abogada defendió que los imputados renuncien a estar presentes en la lectura de sentencia pues, a su juicio, esa etapa es un montaje de los medios para influenciar la opinión pública.

‘El acusado tiene derecho a estar presente en todas las etapas de un juicio desde el inicio hasta la sentencia. La única etapa que el acusado está obligado a estar presente es en la lectura de acusación, todas las otras etapas el imputado puede renunciar a estar presente en el proceso’, explicó en entrevista telefónica.

‘Nadie puede obligar al acusado de estar presente, excepto en la etapa procesal de la lectura de acusación. Los casos se radican en ausencia, la vista preliminar se ve en ausencia, los juicios y las sentencias y no hay un menoscabo hacia el estado. Todo esto es una demagogia que está equivocada. Aquí no hay un desacato y esto es para las gradas’, agregó López Mulero.

Quiñones Rivera, de 37 años de edad, acudió el jueves al Tribunal de Carolina pero rechazó, a través de sus abogados, acudir a la sala 201, del juez Francisco Borelli Irizarry, para la vista de sentencia.

Por esa decisión, el hoy convicto fue sentenciado a 90 días de cárcel por un desacato sumario, pena que cumplirá de forma consecutiva a la de asesinato en primer grado.

Pos su parte, Alma Méndez Ríos, fiscal del Distrito de Carolina y quien atendió el caso, el exuniformado debió acudir a sala para la vista. ‘Debió comparecer porque nuestro sistema está montado sobre un procedimiento justo, equitativo y transparente para todos los acusados donde se le garantizan todos sus derechos constitucionales y un debido proceso de ley. Debió haber comparecido porque era su obligación legal’, manifestó.

La representante del ministerio público dijo, además, que Quiñones Rivera no ejerció su derecho de dirigirse al juez sin la intervención de un contrainterrogatorio como pasa en la etapa de desfile de evidencia.

‘Él tenía el derecho de exponer, y eso no puede hacerlo en otro momento, de una exposición oral frente al juez para que tomara en consideración lo que él entendía necesario el jurista necesitaba saber. Esa oportunidad de dirigirse al juez, no a través de sus abogados, no a base de reglas de evidencia, sino de abrir su corazón, su voz para que lo escuchara’, destacó Méndez Ríos al agregar que también el hombre perdió la oportunidad de hablar con el oficial de probatoria, quien redactó el informe presentencia, para evaluar el documento que pasa a manos del magistrado.

Al ser cuestionada sobre las regularidad a que este evento suceda, la fiscal declaró que no es lo usual, pero en casos importantes, como el de Pablo Casellas, en donde los medios de comunicación tienen un gran interés, puede ocurrir.

‘Una vez declarado culpable y convicto ya no se trata de un derecho al el que él puedo renunciar, sino que es una obligación porque ya está bajo la autoridad del estado. No es opcional de él y que esa negativa obstruía los trabajos. A él se le citó y su actitud insistente y contumaz es violatoria de una orden judicial’, apuntó.