La defensa de Darwin Conde Camacho, exempleado de La Fortaleza acusado por apropiación ilegal de fondos públicos, fraude y violación a la Ley de Ética, pidió al tribunal tiempo adicional para lograr un acuerdo entre las partes lo que impidió la celebración de la vista preliminar este viernes.

El licenciado Luis Cabán Muñiz explicó a NotiCel que existen unas conversaciones con el ministerio público para llegar a una negociación que podría incluir la restitución de los casi $17 mil que su cliente se apropió mientras era empleado de la mansión ejecutiva.

Esa transacción, agregó, incluiría el derecho a probatoria de su cliente quien fue despedido de su puesto en abril pasado por un patrón de ausencias. El hombre admitió en una entrevista a las autoridades que incurrió en los delitos imputados.

Sin embargo, Martín Ramos Junquera, fiscal de crimen organizado, aclaró que aunque la representación legal del imputado trata de llegar a un acuerdo, esa determinación la hará un alto ejecutivo del Departamento de Justicia, en este caso el jefe de los fiscales, José Capó.

De no haber un acuerdo para el 24 de septiembre del año en curso, entonces iniciaría el desfile de prueba con los testimonios de Yamil Juarbe, director de la División de Integridad Pública del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y Ramón Ortiz, agente investigador y quien laboró en la seguridad de La Fortaleza.

‘El ministerio público estaba listo con los testigos y la prueba para comenzar el proceso, pero la defensa solicitó ese tiempo y la jueza lo concedió’, manifestó Ramos Junquera al salir de la sala 606 del Tribunal de San Juan que preside Laura Liz López Roche.

De acuerdo al fiscal, hay evidencia de sobre 200 transacciones que el exempleado diligenció con la tarjeta en distintas estaciones de gasolina de una sola marca.

Conde Camacho, de 28 años, fue empleado de la avanzada del gobernador Alejandro García Padilla y enfrenta seis cargos por, entre otras cosas, utilizar para uso personal y de terceros una tarjeta que se utilizaba para echar gasolina a un vehículo oficial que sería decomisado.

De acuerdo a la acusación, cada vehículo tenía una tarjeta asignada y al salir la guagua Envoy de la flota, aún así la cuenta se continuaba utilizando, transacciones que dieron paso a la pesquisa.

Las acusaciones contra Conde Camacho se dividen en dos cargos por apropiación ilegal de fondos públicos, violación a la Ley de Ética Gubernamental, utilización pública, retención de propiedad pública y fraude.

La investigación apuntó que el exchofer incurrió en esos delitos desde febrero a julio de 2014. Después de ser despedido, el Municipio de Trujillo Alto lo contrató para trabajar en la Policía municipal, pero trascendió que una vez se conocieron las acusaciones, lo relevaron de su puesto.

La pena fija por los delitos imputados sería de 15 años sin derecho a probatoria.