Aquellos hombres que aún con una orden de protección violentan la ley y cometen delito, en muchos casos hasta asesinar a su pareja, ejecutan la acción criminal por el sentido de impunidad que domina en estos casos.

Esa fue la opinión de la licenciada Ariadna Godreau, coordinadora del Proyecto Mujer de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quien lamentó la muerte de María Inés Torres Santiago, mujer de 24 años que murió el lunes pasado en la avenida Roosevelt tras un disparo que le hizo su expareja justo al salir de su lugar de trabajo.

Torres Santiago, madre de dos hijas, es la séptima mujer que muere este año en casos de violencia de género.

‘Hay un sentido, y pasa en muchos casos, que los agresores violan esas restricciones porque van a gozar de cierta impunidad. Por ejemplo, que la Policía va a tardar horas en responder o que no va a ir nadie a defenderlos, que el patrono no tiene un protocolo de violencia doméstica … Se añade esa visión de que la persona va a violar la orden y no pasará nada’, manifestóGodreau en entrevista con este medio digital.

Ante ese panorama, advirtió a las autoridades a atender el problema que, según cifras de la ACLU, cobró la vida de 19 mujeres el año pasado pese a las múltiples campañas para concienciar sobre el asunto.

‘La Policía de Puerto Rico tiene problemas registrando los casos de violencia doméstica. Hay un problema con el manejo de las órdenes de protección… No se registran, no se denuncia’, advirtió sobre el particular.

‘La orden de protección, en síntesis, es un papel. Esa orden no funciona a menos que los mecanismos del estado, entiéndase la Uniformada y los tribunales, den seguimiento. No sirve de nada si la orden de protección no se le da seguimiento a los sobrevivientes de qué significa ese documento’, agregó.

La letrada indicó, además, que en muchos de los casos las mujeres no conocen sus derechos luego de presentar la querella, el poco seguimiento de las autoridades y las crisis de violencia doméstica agravan la situación y hacen que la orden en sí no sea suficiente.

Como parte de los esfuerzos de la organización de derechos civiles, la ACLU adiestra a los agentes policíacos que atienden estos caos.

Una orden de protección es una orden judicial que impide que el agresor se acerque, amenace, moleste u hostigue en cualquier forma a la víctima. Una vez se concede, prohibe al agresor perseguir a la víctima y puede ordenar a la parte agresora que abandone la residencia común.

‘Si tuviéramos un manejo eficiente de querellas, las muertes reducirían y el impacto a la violencia doméstica sería menor. Situviéramos un sistema más comprensivo en este tipo de casos, disminuirían’, apuntó.