La mandataria también defendió que las denuncias que enfrenta la secretaria de Vivienda no tienen que ver con sus funciones actuales.

El banco de talento de la Administración González Colón no incluye un nuevo director para la región metropolitana en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), por lo que la mandataria recurrió a mover al director de la región de Arecibo para que se encargue del área metro.

Este y otros anuncios sobre las operaciones de esa corporación pública los manejó personalmente en conferencia el miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón, en vez del presidente ejecutivo, a pesar de que se supone la AAA sea una entidad autónoma.

El presidente ejecutivo, Luis González Delgado, se mantuvo a la siniestra de la gobernadora casi sin emitir expresiones de peso.

“Ninguno quiere”, dijo sobre los 10 candidatos que aseguró se consideraron para la dirección regional de la capital.

Con el movimiento del ingeniero José Antonio Rivera Ortiz de Arecibo a la zona metro, la mandataria atiende un reclamo que lleva meses planteando el alcalde de San Juan. Miguel Romero Lugo. En septiembre de 2025, la gobernadora despidió al exdirector de la zona metro, Roberto Martínez, quien se integró al equipo municipal de San Juan.

Romero Lugo no estuvo en la conferencia del miércoles en Arecibo, pero su representante, el administrador de la ciudad, Alberto Vázquez, se limitó a decir “gracias por llenar esa silla tan importante para San Juan”.

Para llenar la vacante que Rivera Ortiz deja en Arecibo, la gobernadora anunció que la dirección de esa región la asumía la directora de operaciones, Érika Maldonado Santiago.

González Colón hizo el anuncio rodeada de varios alcaldes, no solo de la región norte sino también de la metropolitana. En concreto sobre las quejas de falta de agua, dijo que: hay problemas de infraestructura que se remontan varios cuatrienios atrás; que se añaden $213.4 millones de fondos federales a la inversión que se va a hacer en el sistema, particularmente $63 millones en mejoras para el Superacueducto; que habrá un sistema digital nuevo centralizado para monitorear el sistema “que no existe hoy”; y que “tenemos que cambiar la manera en que se comunica y se gestiona con muchos municipios el notificar dónde estamos teniendo problemas”. También atribuyó algunas roturas en la AAA a problemas de voltaje, por lo que parte de la inversión es para dotar a algunas plantas con generadores eléctricos.

En el tema de las controversias que rodean a la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, tras confirmarse que un centro de inspección que maneja con su familia emitió cientos de marbetes falsos, la gobernadora dijo que esperará por la conclusión de la investigación preliminar que lleva a cabo el Departamento de Justicia. Precisó que, aunque había dicho que esperaba un informe al respecto del Departamento de Transportación y Obras Públicas, esa agencia lo pasó a Justicia una vez esa agencia asumió jurisdicción y que el informe del departamento “yo no lo he visto”.

“Ninguna de estas querellas inciden sobre la función de la secretaria en gestiones de Vivienda… esto es en su gestión personal y privada de un negocio previo a ser juramentada como secretaria”, defendió varias veces González Colón. Los hechos fraudulentos ocurrieron durante el cuatrienio pasado, pero también hay alegaciones de que, siendo ya secretaria, presionó a funcionarios con relación a una multa y sobre el status del centro.

Relacionado, la gobernadora dijo que no encuentra conflicto de interés con que su asesora legal en La Fortaleza, Lylybeth Marie Echeandía Fúster, ejerza sus funciones por contrato y, a la vez, que el bufete del cual es socia, así como otras entidades relacionadas a su esposo, tengan contratos públicos. Su esposo es Raúl Márquez Hernández, subsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Un abogado miembro del bufete Estudio Legal Echeandía y Asociados LLC notarizó una declaración jurada que se presentó públicamente para intentar desacreditar al informante en el caso de Pérez Peña.

“Yo no le puedo pagar como empleada de gobierno un salario a una persona que está fuera del mercado”, dijo la gobernadora al aludir al nivel de “expertise” de Echeandía Fúster.

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