Tras meses de veto, diferencias internas y debate público, el Alto Cuerpo aprobó dos medidas para restringir el uso de escoltas a funcionarios y exfuncionarios.

Una vez más, el tema de las escoltas volvió a ocupar espacio en la agenda legislativa. 

Ayer lunes, el Senado de Puerto Rico aprobó dos proyectos dirigidos a establecer límites más estrictos al uso de escoltas por parte de funcionarios y exfuncionarios públicos, luego de varios meses de debate legislativo, vetos y desacuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

El trasfondo inmediato de la discusión se remonta a diciembre pasado, cuando la gobernadora Jenniffer González Colón vetó el Proyecto del Senado 752, una medida que había sido aprobada por consenso en ambos cuerpos legislativos y que proponía eliminar el derecho automático a escolta una vez los exgobernadores culminaran su mandato, salvo que existiera una amenaza real certificada por el superintendente de la Policía.

Esa determinación provocó reacciones tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pese a que ambos cuerpos y el Ejecutivo están bajo control del Partido Nuevo Progresista (PNP). El veto reabrió el debate sobre el alcance de la facultad legislativa para modificar la política pública relacionada al uso de escoltas y sobre la aplicación de determinaciones judiciales previas que reconocen ese beneficio como un derecho adquirido para ciertos exmandatarios.

A ese escenario se añadió el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable en el Tribunal Federal por un delito menor electoral y mantuvo su escolta policial bajo el marco legal vigente, lo que incrementó el cuestionamiento público y legislativo sobre los criterios utilizados para otorgar este servicio.

Así las cosas, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 880, presentado por el portavoz alterno de la mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez. La medida establece un marco regulatorio para el uso de escoltas, limitando ese servicio a casos de necesidad real y verificable, sujeto a evaluaciones individualizadas por el superintendente de la Policía, con carácter temporal y revisable.

Historia relacionada: Decepcionado el portavoz alterno del PNP por veto a medida que eliminaba escoltas

El proyecto dispone que los exgobernadores solo podrán recibir escolta por un término máximo de 12 meses tras dejar el cargo, salvo excepciones debidamente justificadas. Además, elimina automáticamente ese beneficio cuando la persona resulte convicta por delito grave o menos grave, independientemente del foro judicial. También prohíbe que candidatos a la gobernación o a comisionado residente reciban escoltas durante los periodos de campaña, incluso mediante el uso de fondos públicos.

Asimismo, la legislación elimina el servicio de escolta para jefes de agencia, con excepciones limitadas a determinados puestos relacionados con la seguridad pública y la administración de justicia, mientras se encuentren en funciones.

Durante la misma sesión ayer, el Senado aprobó además el Proyecto del Senado 881, presentado por la gobernadora, que persigue un objetivo similar al prohibir el servicio de escolta, seguridad y protección a exgobernadores convictos por delitos graves o menos graves, tanto en la jurisdicción estatal como federal. La propuesta también restringe la asignación de escoltas durante procesos electorales, salvo que exista una amenaza real determinada por el superintendente de la Policía.

Mientras se discutían estas medidas, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que su aprobación responde a criterios de uso eficiente de los recursos de seguridad pública y reiteró que la Legislatura tiene la facultad de establecer política pública sobre este asunto, siempre que se haga de manera general.

El historial legislativo del tema incluye la aprobación previa del PS 752 en ambos cuerpos, su devolución a comisión en la Cámara de Representantes y el posterior veto del Ejecutivo. Tras ese veto, Morales expresó su desacuerdo con la decisión y planteó que la medida buscaba reasignar recursos policiales a funciones prioritarias de seguridad. Desde la oposición, legisladores del Partido Popular Democrático cuestionaron la determinación del Ejecutivo, mientras que la gobernadora defendió su veto al argumentar que la medida aprobada no atendía adecuadamente criterios establecidos en decisiones judiciales previas.

Con la aprobación hoy de los proyectos 880 y 881, el Senado procura establecer parámetros más claros para la concesión de escoltas y atender un debate que se ha extendido por varios meses dentro del proceso legislativo.

Además del tema de las escoltas, el Senado aprobó este lunes otras medidas, entre ellas enmiendas a las Reglas de Procedimiento Civil para facilitar la citación de testigos fuera de Puerto Rico; legislación para reorganizar subsidiarias y afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento; el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Puertorriqueña; exenciones contributivas a ingresos por horas extras trabajadas por bomberos; alivios contributivos a equipos de generación de energía eléctrica; y resoluciones relacionadas con el acceso a vacunas y la evaluación del uso de inteligencia artificial en programas de medicina de precisión.

Concluidos los trabajos del día, el Senado recesó y retomará sus labores el jueves, 14 de enero.

Historias relacionadas:

Choque por escoltas: PPD la acusa de doble vara, pero la gobernadora se defiende

Cámara aprueba otra medida para prohibir uso de escoltas a funcionarios exconvictos