El fin es maximizar la transparencia, prevenir riesgos en el manejo de fondos públicos y elevar los estándares de cumplimiento.

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Inspector General (OIG), firmaron un acuerdo entre las agencias con el fin de maximizar la transparencia, prevenir riesgos en el manejo de fondos públicos y elevar los estándares de cumplimiento en la gestión gubernamental.

El acuerdo fue suscrito por la nueva Contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, y la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, quienes destacaron el compromiso compartido de ambas entidades con la sana administración pública, la rendición de cuentas y la integridad institucional.

Vega Fournier sostuvo que la fiscalización moderna exige coordinación gubernamental, madurez institucional y sistemas ágiles que permitan optimizar los controles públicos. Resaltó que la alianza alcanzada “nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y fortalecer el ecosistema de controles gubernamentales para que Puerto Rico tenga una administración pública más transparente, más ética y responsable”, y enfatizó que el proceso fiscalizador requiere visión estratégica y colaboración constante.

Por su parte, Torres Rivera señaló que el acuerdo destaca que la colaboración estratégica no es solo un complemento del buen gobierno, sino un pilar fundamental para asegurar el uso adecuado de los fondos públicos. 

“Unimos capacidades desde nuestras jurisdicciones particulares para fortalecer los controles internos, elevar los estándares de cumplimiento y garantizar que el Estado administre sus recursos con eficiencia. Mediante esta alianza, el Gobierno refuerza su capacidad de fiscalización, fomentando la confianza de la ciudadanía”, señaló, destacando el rol de ambas oficinas en la supervisión de los procesos gubernamentales.

Como parte del convenio, ambas agencias establecerán mecanismos de intercambio seguro de información mediante plataformas tecnológicas protegidas, así como protocolos estrictos de confidencialidad para garantizar la reserva de documentos, informes y datos sensibles. El acuerdo también permitirá la asistencia técnica especializada para investigaciones, auditorías e intervenciones relacionadas con riesgos o posibles irregularidades en la gestión pública. Todo apoyo interagencial estará acompañado de medidas que aseguren la protección de expedientes, el manejo adecuado de información y el cumplimiento con los deberes legales de ambas entidades. 

El documento, además, integra iniciativas conjuntas en materia de educación y capacitación dirigidas a funcionarios, empleados públicos y ciudadanía en general. Entre estas, se desarrollarán adiestramientos, guías, cartas circulares, materiales educativos y herramientas pedagógicas enfocadas en fortalecer la cultura del cumplimiento, el uso adecuado de los recursos gubernamentales y las mejores prácticas de administración pública. También se establece que ambas entidades podrán emitir referidos y colaborar en la evaluación de planes de acción correctiva relacionados con incumplimientos o hallazgos que requieran intervención interagencial.

 “El acuerdo no solo formaliza una relación de trabajo colaborativo ya existente, sino que la eleva a un nuevo nivel de integración, responsabilidad compartida y eficiencia fiscalizadora. Nos reafirmamos en nuestra disposición a continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan la confianza del pueblo en sus instituciones y consoliden un enfoque moderno y colaborativo de supervisión pública en Puerto Rico”, enfatizó la contralora.