El licenciado Frank Torres Viada presentó una petición de mandamus para que el tribunal ordene al Departamento de la Familia entregar documentos que argumenta son públicos.

Después de agotar remedios administrativos, el licenciado Frank Torres Viada demandó este lunes al Departamento de la Familia para que entregue los informes que justificaron el despido de Surima Quiñones Suárez como jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

Específicamente, solicitó copia «fiel, exacta e íntegra» de los informes de investigación preliminar e investigación final relacionadas a la determinación de separarla del cargo. También pidió copia del expediente y toda la evidencia, documentos, declaraciones juradas y escritos, que sirven de fundamento para sostener las alegaciones en dichos informes.

«Es decir, se trata de la típica y estereotipada denegatoria de acceso a documentos públicos, que reiteradamente es derrotada ante los tribunales de justicia, al no sostener el más mínimo escrutinio constitucional», argumentó Torres Viada en su petición.

El pasado 2 de abril, el secretario de la Familia, Eddie García, envió una carta a Quiñones Suárez informándole la determinación de separarla del puesto de confianza como administradora de la ADSEF tras concluir una investigación interna sobre el manejo de los suministros de emergencia en esa agencia durante la secuencia sísmica que afectó la región suroeste del país en enero pasado.

La entonces secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, suspendió sumariamente a la funcionaria al inicio de una investigación administrativa que concluyó que permitió que la ayuda a los afectados por los sismos se manipulara para beneficiar a la senadora Evelyn Vázquez.

Esa suspensión constituye un elemento esencial en la pesquisa que involucra a la gobernadora Wanda Vázquez Garced porque el informe preliminar del Departamento de Justicia que recomendó designar un fiscal especial independiente para que investigara si la decisión de despedir a Andújar ocurrió en represalia por denunciar el el manejo irregular de la ayuda para fines político-partidistas. De acuerdo al informe, el secretario de la gobernación Antonio Pabón Batlle intentó que Andújar revirtiera la suspensión sumaria de Quiñones Suárez.

La investigación de los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón también abarca a Pabón Batlle, Quiñones Suárez, el ex subadministrador de ADSEF, José Galarza Vargas, la ayudante especial de la Oficina de la Administradora de ADSEF, María Teresa Zayas Gierbolini y la senadora Vázquez Nieves. Los fiscales especiales tienen un término de 90 días para completar su investigación.

Mira la petición de mandamus aquí.