Denuncian que la ley de refugios regionales lleva 40 años sin cumplirse y que el dinero de las multas podría no estar llegando a los municipios.
Organizaciones, exjueces y rescatistas participaron en la conferencia “Voces de exjueces”, en la Escuela de Derecho de la UPR en Río Piedras. (Foto suministrada)
Las organizaciones Justicia para los Animales (JUSTAPR) y Organización Nacional de Derechos de Animales (ONDA), junto con exjueces y rescatistas, denunciaron en días recientes, que las entidades gubernamentales no cumplen con la implementación de las leyes de protección animal. El señalamiento se hizo durante la conferencia “Voces de exjueces”, celebrada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en Río Piedras.
Entre las denuncias, destacaron el incumplimiento de la Ley de Refugios de Animales Regionales (Ley 36-1984), que ordena abrir centros de adopción y esterilización en ocho municipios.
En una vista pública en la Legislatura en agosto, el secretario de Salud, Víctor Ramos, reconoció que la Oficina Estatal de Control de Animales (OECA) históricamente no ha tenido ni el personal ni el dinero suficientes para hacer su trabajo. La OECA estuvo 17 años sin presupuesto, hasta que en el año fiscal 2025-2026 recibió $582,000, según reportó NotiCel.
Esa ley le ordena a la OECA ayudar a los municipios a crear ocho refugios regionales. Sin embargo, solo Bayamón, Carolina, Ponce y San Juan operan albergues, y según los funcionarios no dan abasto para todos los animales.
“Han pasado 40 años que no lo han hecho, ahora tenemos más animales en la calle siendo envenenados, siendo atropellados, siendo maltratados, metiéndolos en bolsas y tirándolos”, denunció la licenciada Vivian González Méndez, quien lo calificó como “una inacción con más de 40 años”.
En septiembre de 2025, la Asociación de Alcaldes alertó sobre la presencia de 300,000 animales realengos en Puerto Rico, según reportó Metro Puerto Rico.
Las rescatistas de la organización sin fines de lucro Somos Satos PR expresaron preocupación sobre cómo se utilizan los recursos destinados al bienestar animal.
“Tiene que haber un programa de Gobierno que esté enfocado en darles los recursos a los municipios, que los usen adecuadamente, que haya rendición de cuenta de cómo se utilice ese dinero”, dijo la rescatista y estudiante de Administración Pública Reina Giménez.
Añadió que “cada municipio tiene que tener recursos para hacer de su pueblo uno de bienestar animal”.
En la conferencia también se cuestionó el manejo del dinero que se recauda por multas bajo la Ley 154-2008. Su artículo 21 dispone que esos fondos deben ir a un Fondo de Compensación administrado por la OECA, adscrita al Departamento de Salud, para repartirse entre los albergues municipales.
En la discusión del panel expresaron preocupación de que ese dinero no esté llegando a los municipios y que pudiera estar ingresando al Fondo General para otros fines, por lo que reclamaron que se fiscalice su recaudo y distribución.
Los panelistas también denunciaron el mal manejo de las investigaciones de maltrato y crímenes contra animales en distintas agencias, así como la falta de adiestramiento de los empleados.
Según explicó la licenciada González Méndez, en los casos criminales no se suele tratar al animal como una víctima con el mismo peso que a un humano. Eso provoca que no se sigan los pasos adecuados para investigar correctamente.
“Cuando existe un crimen en contra de un animal, es un crimen que hay que investigar como cualquier otro”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó el hallazgo del 10 de noviembre en la carretera PR-132, frente a la entrada de la urbanización La Providencia, en Ponce. Allí se encontraron más de 20 perros y gatos muertos en bolsas plásticas. Según la licenciada, el lugar no fue tratado como una escena de crimen.
“Ahí no se acordonó. En las bolsas le tiraron tierra encima, enterraron a los animales y después los sacaron para hacerle la necropsia. No se atendió como se debió atender”, dijo.
Entre los panelistas estuvieron cuatro exjueces que trabajaron el caso de la yegua Milagritos. Enfatizaron que los casos de animales se deben trabajar con el mismo peso que los de humanos.
Los conferenciantes coincidieron en que el caso marcó un momento importante en la discusión pública sobre el maltrato animal en Puerto Rico.
El 7 de febrero de 2010, un hombre amarró a su yegua por el cuello a su carro y la arrastró por una calle hasta dejarla al borde de la muerte. No fue hasta que una rescatista la vio que lograron comunicarse con las autoridades y salvarla.
El caso culminó en un veredicto de culpabilidad por maltrato agravado de animales en su modalidad de tortura.
Los panelistas fueron el exjuez del Tribunal de Primera Instancia José Montijo Román y las exjuezas del Tribunal de Apelaciones Gretchen Coll Martí, Ivelisse Domínguez Irizarry y Nélida Jiménez Velázquez.
Los panelistas reclamaron que el Estado cumpla con su deber de prevenir el maltrato, investigar y procesar los delitos contra los animales, y garantizar que estos, como víctimas, reciban justicia.
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