“Nos preocupa ver que estas enmiendas en el Senado sugieren que hay muchos senadores y senadoras parecen responderle a ICE”, advirtió Mari Mai Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.

Los directivos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Kilómetro Cero, Amnistía Internacional de Puerto rico y Comuna Caribe fusionaron sus voces ayer para reclamar que la Cámara de Representantes detenga un proyecto que elimina las salvaguardas para proteger a estudiantes de las escuelas públicas con estatus migratorio no definido de intervenciones de las autoridades federales en Puerto Rico.

La medida original, el Proyecto del Senado 1062, radicado por la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nitza Morán, establecía unas garantías para menores dentro de los planteles escolares restringiendo las intervenciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las guías que propuso estaban en acorde con los protocolos que estableció el Departamento de Educación por una carta circular.

Sin embargo, el proyecto sufrió cambios cuando estuvo bajo la consideración de la Comisión de Gobierno que preside Ángel Toledo, y, además, en la Comisión de Educación, Arte y Cultura que lidera Brenda Pérez.

“Se necesitan enmiendas para restablecer esas protecciones”, advirtió Anette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas.

“Exigimos vistas públicas. Ya basta de procesos a puertas cerradas. Requerimos a la Cámara de Representantes que rechace rotundamente este proyecto de ley. Si no se aprueba un proyecto de ley que sea más protector de nuestra niñez y nuestra comunidad escolar que lo que ya existe que es el protocolo del Departamento de Escolar, para qué están aprobando esta Ley (PS 1062)”, insistió.

Las organizaciones apoyaron la medida original. Sin embargo, cuando fue discutida en las comisiones sufrió enmiendas que, según señalan, desvirtuaron el propósito. La enmienda que ha generado la principal preocupación es que las intervenciones de ICE requerían solamente “una orden administrativa”. Aunque se establece el requisito de una orden judicial, las organizaciones apuntan a que la intención “pierda fuerza” debido a que “no es posible implementar protecciones locales frente agentes federales”.

“Es sobre los hombros de nuestros maestros que caerán las responsabilidades cuando un agente de inmigración va a querer entrar a una escuela. Sabemos de la responsabilidad que asumen los maestros que dan la vida por esos estudiantes. Ningún senador puede la vara sobre las protecciones de nuestros menores”, enfatizó Martínez Orabona.

También recalcan que el texto aprobado en el Senado contiene ambigüedades, particularmente porque una escuela pública no necesariamente constituye un espacio de libre acceso.

“Nos preocupa ver que estas enmiendas en el Senado sugieren que hay muchos senadores y senadoras parecen responderle a ICE y no al pueblo de Puerto Rico que incluye a sus comunidades inmigrantes que llevan décadas viviendo en este país”, añadió Mari Mai Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.