La Oficina del Contralor (OC) investiga la expedición de licencias de armas de fuego en el Negociado de Investigación de Licencias e Inspección de Armas de Fuego de la Policía.

Específicamente, el Departamento de Investigaciones Especiales de la OC evalúa la expedición de licencias bajo la ley federal Law Enforcement Officers Safety Act (LEOSA en inglés).

Aunque es una ley federal, la expedición bajo LEOSA la realizan agencias estatales. La ley está dirigida a oficiales de ley y orden activos, retirados o separados del servicio y le permite portar un arma oculta en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos. Es una licencia distinta y separada de la licencia de portación que tiene cada jurisdicción.

El beneficiario de la licencia debe ser un oficial del orden público con capacidad legal para realizar arrestos. Los retirados o separados de servicio, en particular, deben haber cesado el servicio en buenos términos y tiene que haber prestado servicio activo por un mínimo de 10 años o haber sido separado por discapacidad relacionada con el servicio.

En la Policía, el área encargada de evaluar y expedir las licencias dentro del negociado es la División de Reglamento de Armas y Expedición de Armas de Fuego, a cargo hace varios años del capitán Johnny Acevedo Román. Este tramitó la entrega de información a la Contraloría de los récords de las personas con licencia LEOSA desde 2000 hasta octubre de 2026.

Recientemente, el superintendente Joseph González Falcón destituyó al director del Negociado, Víctor A. Castro Pabón, y nombró como interino al inspector Marcos Martínez López. La salida de Castro Pabón estuvo marcada públicamente por quejas sobre atrasos en la expedición de las licencias por falta de equipo.

El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), Ariel Antonio Torres Meléndez, llevó la voz cantante en la denuncia, pero los problemas con los equipos para expedir licencias datan de años atrás, cuando ya Acevedo Román estaba a cargo del trámite.

La licencia de Torres Meléndez bajo LEOSA fue una de las que se le suspendió porque tiene una orden de protección y un caso criminal de agresión pendiente por golpear a otro entusiasta de las armas durante una discusión. Una fuente indicó que el hombre, un expolicía, no cumplía con los años mínimos de servicio activo bajo LEOSA.

El caso de agresión presenta el agravante de que la víctima es mayor de 65 años. A Torres Meléndez se le había quitado la licencia para su armería Shooters Sports Armery Corp., pero modificaron la estructura corporativa para poner a su esposa como presidente de la armería y se le concedió la licencia a ella. Sus demás licencias personales siguen en suspenso.

Una portavoz de González Falcón dijo a NotiCel que no tenían información sobre la investigación de la Contraloría.

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