“La discusión no puede limitarse a lo que cuesta el sistema, sino a cuánto nos cuesta dejar de detectar armas, drogas o mercancías de contrabando que entran por nuestros puertos”, dijo José Luis Dalmau.

El senador del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, emplazó a la Autoridad de Puertos a que detalle cuáles son las actuales prácticas para fiscalizar las cargas que entran a los muelles de San Juan.   

La encomienda ha estado en las manos de S2 Services Puerto Rico, compañía que mantuvo un contrato con la Autoridad de los Puertos para manejar el sistema de escaneo Por más de una década, el Gobierno pagó a S2 Services $168 millones, a razón de aproximadamente $11 millones anuales.

Sin embargo, en agosto de 2025, la gobernadora Jenniffer González Colón ordenó la cancelación debido a que no hubo “incautaciones significativas” a pesar de que el sistema identificó 3,400 discrepancias entre 2009 y 2024.

“Ha transcurrido más de un año de esa cancelación y todavía se desconoce cómo se protegen las cargas que llegan a nuestros muelles. ¿Qué ocurrieron con esas 3,400 discrepancias? ¿Se les cobró el dinero? ¿Se devolvió la mercancía? La discusión no puede limitarse a lo que cuesta el sistema, sino a cuánto nos cuesta dejar de detectar armas, drogas o mercancías de contrabando que entran por nuestros puertos”, sostuvo Dalmau Santiago durante una conferencia de prensa en el Capitolio.  

El programa de escaneo se creó al amparo de la “Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria”, así como la ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico.

“La seguridad de nuestro país y el cumplimiento de las leyes no tienen precio. El gobierno debe demostrar que el mecanismo que sustituyó el escaneo. Debe cumplir esas responsabilidades de manera efectiva”, insistió Dalmau Santiago.

La orden de González Colón provocó que S2PR se negara a abandonar las instalaciones de inspección de furgones y la Autoridad de los Puertos presentara una demanda. La compañía permanece mientras se resuelve el litigio.

“Que no se hayan reportado incautaciones no demuestra por sí solo que el escaneo fue innecesario. A mi juicio, probablemente, no se usaron los furgones para traer mercancía de narcóticos ilegales porque se sabía que serían revisados por una máquina y la ruta que utilizaban los narcotraficantes para traer drogas se sustituyó por otra y no los furgones. Es la manera como lo veo”, destacó el senador del PPD.

Dalmau Santiago solicita que la Autoridad de los Puertos informe cómo se llevan a cabo las inspecciones de los furgones con mercancías, la frecuencia y cuál es el personal asignado.

“Entre 750 y 1,000 furgones entran diariamente, cuáles son los mecanismos para inspeccionarlos, los protocoles cuando hay una discrepancia entre lo que detalla el papel que se presenta y lo que hay dentro del furgón. Si se detecta que hay algo ilegal en un furgón, cómo intervienen las autoridades locales y federales. La cancelación de un contrato no significa que Puerto Rico se quede sin una estrategia verificable de inspección y seguridad portuaria”, dijo.

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