La gasífera New Fortress Energy (NFE) y los pilotos de la bahía de San Juan llegaron a un acuerdo para permitir la entrada del barco AMUR River, bajo condiciones de seguridad especiales que atienden los riesgos provocados por el hecho de que la nave es de mayor tamaño a las que la empresa usualmente usa.

El acuerdo, que debe ser sometido las próximas horas ante la jueza federal Silvia Carreño Coll, estaría en vigor hasta diciembre, cuando debe estar en circulación otra vez la embarcación Energos Maria, una de dos que la empresa usa para sus despachos de gas para generación de electricidad bajo el contrato exclusivo que les concedió el gobierno el año pasado.

De esta manera, el AMUR podría transitar entre jueves y viernes para despachar el gas que permita dejar de usar diésel para la generación de electricidad, lo que ha ocurrido por casi dos semanas, encareciendo los costos de energía para todo el país.

Tras seis horas de vista y conversaciones, el acuerdo casi se descarrila porque la gasífera no quería admitir que las dimensiones de la embarcación invaden el canal de navegación que usan otras para hacer maniobras en la bahía. Este punto es uno de los fundamentales en varios litigios activos y los abogados de NFE dijeron que renegarían del acuerdo si se les obligana a hacer esa admisión. Los pilotos demandantes accedieron a que el acuerdo mencione las posturas diferentes que hay sobre esa invasión, sin que la gasífera admitiera que hay una invasión.

En varias ocasiones, NFE ha enfrentado señalamientos de que sus operaciones de importación de gas en la bahía de San Juan se hacen cada vez más expansivas, en ocasiones por encima de lo que las regulaciones le permiten o sin la aprobación de las agencias concernidas.

Una vez la jueza apruebe el acuerdo, el mismo sería notificado a la Guardia Costera, quienes podrían objetarlo, pero si no se expresan, el tribunal lo va a considerar una “aprobación tácita” y permitiría la maniobra.

La disputa por la entrada de la AMUR comenzó el 17 de septiembre pasado y mantiene a varias unidades de generación operando con diésel, actualmente el combustible más caro, en vez de con gas. En la vista del miércoles, se conectaron de manera remota dos personas que se identificaron como inversionistas de NFE, la cual está en quiebra y bajo un acuerdo de reestructuración de deuda que está garantizado con los ingresos de sus operaciones y contratos en Puerto Rico. NFE comparece en el caso mediante su filial, NFEnergía LLC.

Desde el 17 de septiembre, NFE y la San Juan Bay Pilots Association (SJBPA) han litigado extensivamente basándose en que el AMUR viola las medidas de seguridad interinas que la jueza estableció a fines del año pasado. Esa estipulación cubre solamente al Energos Princess y el Energos Maria, mientras que el AMUR no solo es otra embarcación, sino de dimensiones mayores esas dos. La estipulación no es final porque la controversia mayor entre las partes sobre el tránsito seguro de los barcos de NFE en la bahía está todavía pendiente de juicio.

La semana pasada, la jueza federal emitió sanción de $10,000 contra NFE por su “falta de sinceridad” en la divulgación de información sobre el AMUR y anotó también que el capitán Daniel Montes, el único de los pilotos de la asociación que no está en el grupo demandante, pudo haber cometido perjurio cuando sometió declaración jurada de que había revisado material para concluir que podía realizar de manera segura el tránsito del AMUR.

Carreño Coll mantuvo en la vista su escepticismo hacia la posición de NFE de que la postura de los pilotos demandantes no debe ser determinante en el proceso. “Esto es una situación particular causada porque su cliente trajo una nave más grande. ¿Qué quiere que haga? ¿Que renuncie a las consideraciones de seguridad y deje que ustedes resuelvan y que lo que pase, pase?”, dijo la jueza a los abogados de NFE al reiterar su preocupación por la seguridad en el tránsito de los barcos con gas en la bahía.

Previo a la vista, NFE argumentaba principalmente que la Guardia Costera había autorizado la entrada del AMUR a la bahía y que ese debía ser criterio suficiente para que el tribunal eliminara las medidas de seguridad y permitiera su tránsito. El capitán de la Guardia, Luis J. Rodríguez, esaba citado para declarar, pero la fiscal federal Dennise N. Longo Quiñones objetó la misma y, en vez, ofreció la prueba que el capitán podía aportar.

A preguntas de la jueza, la fiscal afirmó que una Carta de Recomendación que NFE usó para justificar que esa entidad de gobierno había autorizado el tránsito del AMUR no lo cubría porque estaba limitada a embarcaciones con las dimensiones que tienen las otras dos que habían usado hasta ahora. Incluso, un anejo del documento desglosa por nombre las embarcaciones consideradas para emitir la misma y el AMUR no está. Aclaró también que cuando la Guardia avala a una nave, solo se refiere a una inspección física y no es una conclusión sobre la seguridad con la que puede maniobrar en el cuerpo de agua, que eso le corresponde a los pilotos.

Después de esto, NFE entonces intentó impugnar la autoridad del tribunal diciendo que no tenía jurisdicción para supervisar a la Guardia. Cuando llegó el turno de los abogados de los pilotos, estos revelaron que desde el 19 de septiembre, dos días después de que recurrieron al tribunal para alertar sobre el AMUR, le habían hecho una oferta a NFE para lograr el tránsito de esa nave con ciertas condiciones, incluyendo la presencia de remolcadores adicionales, y que “la bola todavía está en la cancha de ellos”.

Ante esto, la jueza indagó hasta cuando la empresa estará usando el AMUR y por cuántos viajes. Indicaron sus abogados que por lo menos hasta diciembre y que la nave tendría que moverse cada tres semanas durante ese periodo (ya que permanece atracada mientras despacha su cargamento de gas). Carreño Coll entonces preguntó si era posible llegar a un acuerdo que solo cubra el tránsito del AMUR hasta diciembre y que deje intactas todas las demás controversias entre las partes. Pero los abogados de NFE ripostaron que querían la eliminación de las medidas interinas que cubren al Maria y el Princess.

En ese momento, Carreño Coll hizo su expresión de que no va a renunciar a su responsabilidad sobre la seguridad del tránsito marítimo en la bahía. Entonces, NFE estuvo de acuerdo con sufragar las dos remolcadoras adicionales que los pilotos justificaron porque, mientras esté atracado, el AMUR invade espacio que ahora está abierto para el tránsito de otras naves, por lo que esas otras naves usarían las remolcadoras adicionales para las necesidades adicionales que les provoque esa limitación de espacio. La empresa había sufragado las remolcadoras desde que llegaron a un acuerdo de seguridad con los pilotos cuando comenzaron a despachar gas en el muelle que el gobierno les concedió mediante contrato. Pero dejaron de hacerlo, que fue uno de los elementos que provocó la demanda de los pilotos el año pasado.

En la vista del miércoles no se cubrió la solicitud de NFE para que la jueza deje sin efecto las sanciones y el señalamiento de posible perjurio contra Montes. De hecho, Carreño Coll dijo que esos elementos siguen pendientes en el caso.