Entidades participantes ofrecieron recomendaciones para no perder las asignaciones que van directo a las necesidades de la ciudadanía.

El proceso de vistas públicas de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus continuó con sobre las Resoluciones del Senado 429 y 487 para examinar el manejo y la fiscalización de los fondos recibidos y los efectos en los servicios, el desarrollo laboral y la autosuficiencia económica de las familias.

La Resolución del Senado 429 dispone investigar la capacidad administrativa, técnica y fiscal del gobierno local para cumplir con los requisitos asociados a los fondos federales. Por su parte, la Resolución del Senado 487 tiene como propósito investigar los fondos de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA) y del Programa de Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF).

“Entre los principales retos que enfrentamos están los términos limitados para responder a las convocatorias y ejecutar los fondos, así como la necesidad de fortalecer la comunicación y la asistencia técnica a las organizaciones. Recomendamos publicar las convocatorias con mayor anticipación, establecer calendarios claros y contar con mecanismos que permitan aclarar o subsanar documentación durante el proceso”, expresó Omayra Matamoros en representación del Boys & Girls Clubs de Puerto Rico.  

Matamoros señaló que la organización revisa diariamente los avisos para identificar oportunidades. Entre las recomendaciones que ofreció está agilizar el periodo de evaluación.

“Esto significa que un presupuesto diseñado para aproximadamente nueve meses termina teniendo que ejecutarse en seis. Eso nos coloca en desventaja y puede provocar que no logremos utilizar la totalidad de los fondos dentro del término establecido”, afirmó.

Otra recomendación es establecer un mecanismo formal de aclaración y subsanación de documentos. Debe existir cierta flexibilidad para corregir un error humano, aclarar información o subsanar un documento cuando sea necesario, antes de que eso afecte la evaluación de la organización.

“Muchas veces surgen preguntas que no pueden ser contestadas porque la reglamentación no está publicada o porque existen procedimientos internos de la agencia que las organizaciones desconocen”, sostuvo la deponente.

Matamoros  explicó que la organización cuenta con 12 clubes donde ofrecen programas después del horario escolar con apoyo en las asignaciones, actividades recreativas y alimentación. Indicó que, tras el huracán María (2017), obtuvieron fondos de UNICEF que permitieron establecer cocinas en la mitad de los clubes para ofrecer comida caliente ante la inseguridad alimentaria.

Añadió que los servicios han evolucionado para atender también a personas mayores de 18 años durante el día, mediante talleres y otras ayudas, en respuesta a los cambios demográficos de las comunidades.

“Es un reto que la gente ayude a los suyos, es algo que tratamos de educar a las comunidades sobre los esfuerzos. Estos fondos van directamente a las comunidades que atendemos”, abundó.

Mientras tanto, Ever Padilla Ruiz, presidente de la junta de directores de la Cooperativa de Servicios Integrados a la Niñez (COSIANI), informó que entre 2021 y septiembre de 2025 ofrecieron capacitación y servicios de apoyo mediante un modelo de reembolso de gastos. Según sostuvo, la cooperativa atendió a más de 3,000 participantes en 42 municipios y contribuyó al desarrollo de destrezas laborales y a la autosuficiencia de las familias. 

Asimismo, recomendó que las guías para contratar y ofrecer servicios mediante fondos federales sean más claras y respondan a la realidad económica y social de Puerto Rico, así como a las prioridades de política pública local, dentro de la flexibilidad permitida por las disposiciones federales. Destacó la importancia de atender a las familias con niños, particularmente a las madres solteras jefas de familia en comunidades empobrecidas con acceso limitado a oportunidades y servicios.

En la misma línea, propuso fortalecer las destrezas de crianza y las estrategias educativas que promuevan la participación de los padres en el desarrollo de sus hijos e hijas, como parte de los servicios de apoyo y protección familiar. En el contexto de la investigación sobre la administración y ejecución de fondos federales, Padilla planteó la necesidad de examinar estos procesos y reiteró su disponibilidad para aportar información a la Comisión.

De otra parte, el deponente cuestionó la descalificación del proceso de evaluación de propuestas para el año 2025-2026, notificada en diciembre de 2025. Según explicó, ADSEF señaló la ausencia de iniciales en una página que contenía la firma original y una alegada falta de capacidad económica para prestar los servicios.

La cooperativa argumentó que, al presentar su propuesta, tenía un balance de $114,071 y reembolsos pendientes de ADSEF por $398,901, correspondientes a gastos de julio, agosto y septiembre de 2025. Afirmó que, pese a los atrasos, había mantenido los servicios sin interrupciones.

“Cuánto se le economiza al gobierno y al mundo cuando invertimos en la niñez temprana”, expresó Padilla. “Nosotros somos los que podemos facilitar que eso suceda conociendo las necesidades”, añadió.