Según la investigación, la mujer era vecina de la adulta mayor y le ayudaba con algunas gestiones. Como resultado de esa relación de confianza, la imputada obtuvo acceso al número secreto de la tarjeta de débito de la víctima y se apropió de $61 mil.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la División de Delitos Económicos radicó hoy más de 300 cargos criminales contra Mariela Collazo Rodríguez, de 47 años, por apropiarse de sobre $61,000 de una adulta mayor de 94 años, mediante el uso no autorizado de su tarjeta de débito e información personal.

La fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, presentó un cargo por maltrato a personas de edad avanzada, uno por apropiación ilegal agravada, un cargo por fraude, 159 cargos por apropiación ilegal de identidad y 159 por utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito.

Según la investigación, Collazo Rodríguez era vecina de la adulta mayor y le ayudaba con algunas gestiones. Como resultado de esa relación de confianza, la imputada obtuvo acceso al número secreto de la tarjeta de débito de la víctima. La perjudicada detectó irregularidades luego de solicitar sus estados de cuenta e identificar transacciones que aseguró no haber realizado.

El análisis de los estados de cuenta permitió identificar sobre 300 transacciones no autorizadas, efectuadas entre mayo y agosto de 2025. De estas, más de $44,000.00 correspondieron a retiros de efectivo en cajeros automáticos, y sobre otros $13,000.00 a pagos de bienes y servicios realizados en establecimientos de distintos municipios de la Isla.

La secretaria de Justicia exhortó a los adultos mayores, sus familiares y cuidadores a proteger su información personal y financiera, evitar compartir tarjetas y contraseñas, revisar regularmente sus estados de cuenta y activar alertas bancarias que permitan identificar transacciones inusuales. Asimismo, recomendó estar atentos a cualquier presión para entregar dinero, firmar documentos o realizar cambios en cuentas bancarias, conservar recibos y documentos relacionados con sus transacciones y reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa a su institución financiera y a las autoridades.

“Proteger a nuestros adultos mayores frente a cualquier forma de abuso o explotación es una responsabilidad que todos debemos asumir con la más alta prioridad. Por ello, exhortamos a sus familiares y cuidadores a permanecer vigilantes ante cualquier señal de explotación financiera y a tomar las medidas necesarias para resguardar su información personal y sus bienes de quienes pretendan aprovecharse de su confianza o vulnerabilidad. El Departamento de Justicia cuenta con divisiones especializadas para investigar y procesar estos casos con la prioridad y el rigor que requieren, conforme a la política pública del Gobierno de Puerto Rico de proteger y defender a esta población”, expresó Gómez Torres.

La jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa para arresto por los cargos presentados por la Fiscalía. Le impuso una fianza de $321,000, la cual fue prestada. La imputada permanecerá en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 10 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo del agente José A. Rivera Hernández, adscrito a la División de Investigación de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias y Financieras de la Policía de Puerto Rico.