El Senado aprobó concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 202, que distribuye entre municipios $2,469,658.20 provenientes del balance disponible, para los periodos del 2020 al 2025, de los fondos por concepto de las Patentes de Telecomunicaciones, según certificado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Recientemente, la gobernadora Jenniffer González Colón emitió un veto de bolsillo a una medida similar, con la misma cantidad de fondos y con el mismo origen. La resolución es una petición de la Federación de Alcaldes, a través del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

Además, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 1014, que enmienda el Código Penal de Puerto Rico para tipificar como modalidad agravada el delito de exposición obscena cuando se cometa en presencia de un menor de 18 años; y el Proyecto del Senado 1219, para conceder prioridad operacional en hospitales e instalaciones de salud a los menores bajo custodia provisional del Departamento de la Familia que requieran evaluaciones médicas o psicológicas. La prioridad estará sujeta al criterio clínico, los protocolos de triage, las normas sobre emergencias médicas y la atención de pacientes con riesgo vital o condiciones de mayor gravedad.

La pieza legislativa dispone que los departamentos de Salud y de la Familia coordinen, dentro de un término máximo de 120 días, un protocolo uniforme para su implantación. Este deberá contemplar la identificación y certificación del menor, la documentación que presentará el personal autorizado, las excepciones clínicas y los mecanismos de seguimiento. También protege las actuaciones de buena fe de hospitales, instalaciones y profesionales de la salud.

También, recibió aprobación la Resolución del Senado 535, que ordena investigar los problemas de suministro y distribución de agua potable en la Barriada Pasarell, sector Los Lazos de Comerío; la Resolución del Senado 560, para investigar los protocolos, planes de contingencia y mecanismos de respuesta de la AAA ante posibles contaminantes en plantas de tratamiento y actos de interferencia en instalaciones críticas; y la Resolución del Senado 588, para investigar los contratos de gerencia, administración, ingeniería, supervisión y ejecución vinculados al Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.

Vea:

Gobernadora veta medida que repartía $2.4 millones entre ocho municipios