El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT-SEIU) denunció que el Departamento de Educación (DE) llega al inicio del año escolar con improvisación y abandono de las comunidades escolares, tras eliminar cerca de 1,800 plazas de mantenimiento y seguridad en las escuelas del país mientras su propio presupuesto refleja un aumento de más de medio millón de dólares en la partida de empleados de confianza.

Bajo el mensaje «El no docente cumplió, el secretario falló. ¡Exigimos aumento ya!», el sindicato sostuvo que las escuelas están en condiciones de recibir al estudiantado gracias al personal que trabaja diariamente en los planteles, y no a la planificación de la agencia. Las escuelas deben recibir a los estudiante para le nuevo semestre el próximo jueves, pero desde hoy está convocado el personal administrativo y docente.

«El personal no docente hizo su trabajo. Preparó las escuelas y continúa sosteniendo los servicios de educación como lo ha hecho siempre. Quien falló fue el Secretario de Educación, que después de trece años todavía pretende decirles a estos trabajadores que no merecen un aumento salarial», expresó el presidente del SPT, Israel Marrero Calderín.

Marrero Claderín detalló que, a días de comenzar el año escolar, el DE ordenó la reducción de la jornada laboral del personal de mantenimiento contratado mediante las compañías Xpert’s y Mangual, junto a la eliminación de aproximadamente 1,200 puestos de trabajo, y eliminó 600 guardias de seguridad contratados por compañías privadas.

El líder sindical advirtió que el recorte del personal de mantenimiento ocurre mientras el país enfrenta interrupciones frecuentes en los servicios de agua y energía eléctrica, lo que hace todavía más crítico sostener las condiciones de higiene y salubridad que protegen la salud de la niñez. De hecho, la gobernadora decretó una emergencia en cuanto al abasto de agua y se espera el anuncio de un racionamiento en cualquier momento.

Por su parte, Mariceli Gonzalez, vicepresidenta del sindicato, explicó que una muestra más de la improvisación del Departamento es  que a los miles de asistentes contratadas por el DE cuentan con contratos vigentes hasta el 30 de octubre, apenas tres meses de empleo para brindar un servicio que debe extenderse durante todo el año escolar. Señaló que esta incertidumbre laboral afecta tanto a las trabajadoras como a la calidad y continuidad de los servicios que brindan. 

«¿Cuánto tiempo tuvo el Departamento para prepararse para este inicio de clases?», cuestionó la líder sindical. «Es inaceptable que, luego de meses de planificación, todavía existan problemas tan básicos como trabajadores sin certeza sobre su empleo, transportistas sin cobrar, menos personal de mantenimiento y menos seguridad en las escuelas, Eso no es planificación, eso es improvisación», sentenció.

Para el SPT, esta situación no responde a la falta de recursos, sino a las prioridades de la administración de la agencia. Señalaron que, mientras el Departamento asegura que no hay fondos para garantizar contratos durante todo el año, cumplir con los transportistas o hacer justicia salarial al personal no docente, el presupuesto refleja un incremento cercano al doble en los fondos dirigidos a las escuelas chárter y el aumento de más de medio millón de dólares en la partida de empleados de confianza.

Javier Rodríguez, director político del sindicato, recordó que el secretario Eliezer Ramos Parés continúa oponiéndose al Proyecto de la Cámara 703, radicado a petición del SPT, que otorgaría un aumento mensual de $1,000 al personal no docente.

“Como justificación a su oposición, el Secretario insiste en un plan de clasificación que aseguró estaría listo en diciembre pasado; a la fecha nadie conoce su contenido, no existe información sobre cuándo se implantará y el presupuesto de la agencia no separó un solo dólar para atenderlo”, añadió.

El sindicato denunció además que el DE ordenó retirar de las entradas de diversas escuelas los materiales colocados por los propios trabajadores con el mensaje de campaña, una actuación que el SPT calificó como un intento de censurar la expresión de los empleados en lugar de atender un reclamo de más de una década.